El pacto de izquierdas en Andalucía queda herido a mitad de legislatura

La crisis de 48 horas del Gobierno andaluz de PSOE e Izquierda Unida se cerró sobre las 1.30 de la madrugada del sábado sin vencedores ni vencidos, según afirman públicamente sus protagonistas, aunque sin micrófonos cada uno de ellos se considera triunfante y cargado de razón. Las tensiones de estos dos días han dejado muchas heridas difíciles de diagnosticar por el momento. La desconfianza —“precaución”, en palabras de un alto cargo— entre socialistas e IU ha saltado al primer plano cuando aún quedan dos años para el fin de la legislatura. La certeza de que se agote hoy por hoy el mandato es casi ninguna.

El realojo de ocho de las 17 familias expulsadas por la policía el pasado domingo de la corrala La Utopía, en Sevilla, que ocupaban de manera ilegal el edificio desde hacía dos años, ha sido la causa de que el Gobierno de izquierdas haya estado a punto de saltar por los aires. El Gobierno presidido por la socialista Susana Díaz proclama todos los días que “otra política es posible” y que es “garantía de estabilidad”. Y que Andalucía es una tierra segura para invertir, pero el crujido por el realojo ha sido mayúsculo en un asunto de extrema sensibilidad social.

“No es una cuestión de ocho familias, sino de concepto, de valores. Andalucía no es Venezuela y no se puede permitir que pegando un leñazo en una puerta se tenga derecho a una vivienda”, sostiene un dirigente del PSOE.

El miércoles pasado, en contra de la opinión de la presidenta de la Junta, la Consejería de Fomento, dirigida por IU, entregó las llaves a ocho familias en riesgo de exclusión social cuando los socialistas albergaban dudas de que reunieran los requisitos. Ninguna incertidumbre albergaba IU del proceso. Horas después, hubo fotos en la Plaza Nueva de Sevilla de desalojados con las llaves en la mano. El coordinador de IU, Antonio Maíllo, se sumó a la alegría de la corrala. En el PSOE saltaron las alarmas, porque esa imagen transmitía el mensaje de que la patada en la puerta era la vía rápida para acceder a una vivienda social.

Díaz dio esa noche un golpetazo en la mesa. Anunció que retiraba por decreto la competencia de adjudicación de viviendas del parque público a IU, aunque se comprometía a dar marcha atrás una vez que se comprobara que el realojo tenía todos los ropajes legales. En IU achacan la reacción de la presidenta de la Junta a su “afán de protagonismo”. Dirigentes de la federación mantienen que Díaz tenía una solución definitiva para la corrala que no quería compartir con sus socios.

El jueves, la coalición convocó al comité de enlace para resolver la crisis de Gobierno. Permaneció 12 horas reunido. Los informes que se estudiaron no casaban. “Esto es un procedimiento administrativo y ahí no quedaba claro quién reunía o no los requisitos”, asegura una fuente de la negociación. La versión de los socialistas es que Fomento “ocultó información” y “no facilitó con claridad los expedientes”. Fue entonces cuando el manotazo de Díaz se oyó con estruendo: a las dos de la madrugada comunicó a sus socios la publicación del decreto quitando las competencias a IU. Durante esa jornada, la comunicación de Maíllo y de Díaz fue nula. La socialista marcó el número del coordinador de IU dos veces, pero no hubo respuesta. Él lo hizo en nueve ocasiones, pero la presidenta no descolgó el teléfono. La química entre ambos no existe. A Maíllo los apelativos cariñosos tipo “tesoro” con los que Díaz trata de empatizar con sus interlocutores no le causan ningún efecto. Él cree que lo ningunea y ella piensa que la subestima. Díaz está mucho más cómoda con otros interlocutores de IU como el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, y con el secretario general del PCE, José Luis Centella, con el que negoció el acuerdo de Gobierno para Andalucía. Con ellos sí habló, y mucho, durante esta crisis.

El viernes, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que dirige la socialista María Jesús Montero, amaneció con una competencia más: la de la adjudicación de viviendas del parque público. Montero, en las apenas 24 horas que ha tenido en su mano las facultades de Fomento, no perdió el tiempo. Pidió la colaboración de la Unidad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía (la llamada policía autonómica) para comprobar que los ocho realojados estaban en las casas asignadas. Una decisión que revela la enorme desconfianza de los socialistas acerca de si las personas realojadas por Fomento reunían los requisitos legales para ello. Fuentes de la Junta restaron ayer importancia a esta decisión y dijeron que era “algo habitual”. El resultado de la investigación policial, según estas fuentes, es que las ocho viviendas están ocupadas. Hacienda, además, reclamó a Fomento los expedientes administrativos sobre las familias, una documentación que fue aportada por IU en la reunión del viernes, donde a la 1.30 de la mañana se evitó la fractura de la coalición y con ello la convocatoria anticipada de elecciones. En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía un “decreto de la presidenta 2/2014, de 11 de abril, por el que se deroga el decreto de la presidenta 1/2014, de 10 de abril, por el que se modifica el decreto de la presidenta 4/2013, de 9 de septiembre” devolvía este sábado las competencias a Fomento.

Dirigentes de PSOE e IU celebraron ayer el acuerdo y la continuidad del pacto. “Aceitunilla comida, hueso tirado”, dijo Maíllo para transmitir el regreso a la “normalidad”, informa Esperanza Codina; “el pacto ha salido fortalecido”, opinó el secretario de Organización del PSOE, Juan Cornejo. Pero los socialistas admiten que la crisis “crea un clima de precaución” y supone una advertencia a IU de que “no puede monopolizar” determinadas competencias como la de vivienda.

En Izquierda Unida los reproches se dirigen hacia la presidenta de la Junta, a la que acusan de actuar con “soberbia”, “buscando los titulares más favorables” para ella como “mujer de Estado”. En IU también se oyeron advertencias: “Hemos estado 48 horas revisando expedientes por 17 familias realojadas, pero a lo mejor vamos a estar cuatro meses mirando los expedientes del uso de los fondos de formación para el empleo”, unos fondos que, según IU, “apestan”.