Una condena a los juzgados

Solo en Vigo, Santiago y Ferrol peligran 69 juzgados. A los que hay que sumar los de pequeñas localidades que conviven en 45 partidos judiciales extendidos por toda Galicia. La amenaza venía de lejos pero saltó al Consejo de Ministros el pasado 4 de abril cuando se aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. El plan del titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, pasa por dar la vuelta al mapa y suprimir los partidos judiciales, salvo en capitales de provincia. El texto, aún por desarrollar, transforma las audiencias provinciales en otro tipo de órganos adscritos a los tribunales superiores de las comunidades autónomas. La futura norma contempla secciones desplazadas fuera de las capitales de provincia pero siempre de manera excepcional.

El texto no es definitivo pero ya ha levantado en armas a abogados, fiscales, jueces y sindicatos y partidos de todos los colores. También a los alcaldes, independientemente de sus siglas. La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) no ha tardado en manifestarse en contra. Primero por boca de su presidente, el regidor de Ferrol, José Manuel Rey Varela, del Partido Popular que defendió una “justicia de proximidad”. Después, en un comunicado público, la institución alertó de que la nueva organización “dificulta el acceso a la justicia de muchos gallegos”. Ni siquiera el Gobierno gallego respalda al ministro. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, defendió el jueves tras la reunión del Consello de la Xunta que el proyecto debe ser modificado para incluir tribunales de instancia en Vigo, Santiago y Ferrol. La Xunta reclama “flexibilidad” para que “las distintas autonomías puedan adaptar los cambios a sus peculiaridades, de forma coordinada con el poder judicial”.

Si Gallardón no da marcha atrás, las tres ciudades perderían la segunda instancia que se ubicaría en Pontevedra y A Coruña. Así, los habitantes de la mayor urbe de Galicia que además está a la cabeza en litigios (296 por cada 1.000 habitantes según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial) habrían de dirimir sus recursos 30 kilómetros más al norte, en Pontevedra. El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ya ha amenazado con exigir en la calle (y donde haga falta) el desdoblamiento del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para que sume una segunda sede (además de la de A Coruña) en su ciudad). Su reivindicación está apoyada por todos los estamentos judiciales.

Temiéndose la amenaza, el Consejo General de la Abogacía aprobó por unanimidad una resolución para que “no desaparezca ningún partido judicial”. Los siete colegios de Galicia han adoptado resoluciones similares. El decano de Santiago, Evaristo Nogueira, senador en su día por el Partido Popular como independiente, encabeza las protestas en Santiago. Se ha reunido con todas las fuerzas políticas, empezando por el alcalde, Ángel Currás, (PP) para hacer ver que este no es un conflicto gremial sino que el problema lo tendrá la ciudad. “Los efectos colaterales de la reforma no se han medido bien. Conllevaría el traslado de miles de funcionarios y todo para volver a una estructura anacrónica, la provincia, que como organización administrativa no resuelve los problemas. Nadie plantearía que la sanidad se estructurase por provincias. ¿Por qué sí se va a hacer en el caso de la justicia”.

La jueza decana de A Coruña, María Teresa Cortizas, reivindica que las peculiaridades de Galicia, sean tenidas en cuenta. No concibe la eliminación de los partidos judiciales de Ferrol, A Coruña y Vigo. El presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, Fernando Alañón, alerta de las consecuencias que tendrá para el rural. “Será un apaga y vámonos”, dijo el pasado miércoles en declaraciones a Europa Press, en las que recordó que la justicia es un servicio público y al igual que la sanidad no puede ser tratada exclusivamente con “criterios economicistas”. La batalla contra la reforma está servida en Vigo, Santiago y Ferrol, donde ya se anuncian movilizaciones. Les seguirán localidades más pequeñas que temen que la marcha del juzgado arruine parte de la actividad económica derivada y que también se están organizando en colaboración con asociaciones de hosteleros y comerciantes.

UGT, Comisiones Obreras, y CIG también se han mostrado tajantes en contra de los planes del ministerio. El diagnóstico compartido por la mayoría de fuentes consultadas es que Santiago como capital de Galicia, igual que Vigo y Ferrol, perdería unidades judiciales con la reorganización prevista y que, en cualquier caso, las secciones delegadas que el ministerio pueda habilitar en esas ciudades obedecerán a “razones arbitrarias”. “No sabemos qué juzgados podrían quedar pero siempre van a ser menos de los que ahora tenemos”, sostiene Nogueira desde Santiago, quien pide soluciones a los Gobiernos. La reforma Gallardón coincide en el tiempo con el plan de la Xunta para modernizar infraestructuras judiciales (con una inversión prevista de 100 millones de euros en seis años) y que ha llevado a Santiago a estrenar el año pasado un edificio judicial mientras la Vicepresidencia espera un acuerdo con el gobierno de Vigo para levantar allí la Ciudad de la Justicia cuando el alcalde, el socialista Abel Caballero, ponga a disposición de la Xunta los terrenos.