El FROB da largas a los preferentistas para la devolución de sus ahorros

Las plataformas plantean que los Presupuestos cubran parte de los fondos bloqueados

Protesta de preferentistas en Vigo
Protesta de preferentistas en Vigo SALVADOR SAS (EFE)

De Santiago a Madrid, los afectados por las preferentes de Novagalicia Banco (NCG) peregrinan entre instituciones para conocer si por fin, tras casi dos años y medio de protesta, se pondrá solución definitiva al bloqueo de sus ahorros, con 35.000 afectados y unos 500 millones de euros todavía en el limbo. Una representación de las plataformas gallegas se reunió ayer con el director del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Antonio Carrascosa, en un encuentro del que salieron con las mismas dudas con las que entraron. “Reconocen nuestra preocupación y dicen que siguen con las negociaciones, pero ni números ni cantidades”, comentó al término Xesús Domínguez, portavoz de la plataforma de Santiago. Los colectivos aspiran ahora a que sean Banesco, el FROB y si es preciso el Parlamento, a través de una modificación presupuestaria, quienes devuelvan los ahorros.

 El anuncio de la venta de la entidad al venezolano Banesco dio esperanzas a los afectados a principios de año, reforzadas por la declaración de su presidente, Juan Carlos Escotet, de que en 90 días tendría lista una solución. Agotado el plazo sin que surgiese la fórmula, el banquero se encontró la semana pasada con representantes de las plataformas y les emplazó a que fuesen a pedir cuentas al FROB, aprovechando la reunión programada para ayer, toda vez que la solución que propone la entidad —que se marque un tope máximo que cubra a todos los afectados y a partir de ahí se analice caso a caso— tendría que aprobarse con carácter general y no solo para NCG. Pero el director del fondo, Antonio Carrascosa, incidió en las generalidades que hacen resoplar a los afectados. A saber, que se sigue trabajando y que se está a la espera de lo que admita Bruselas, según el relato de Domínguez.

“Esto me huele a que se está planteando algún tipo de solución solo para un grupo determinado y no para todos”, comentó, Xulio Vicente, portavoz de la guerrera plataforma de Baixo Miño, que teme que se vuelva a dejar en el aire a una parte de los perjudicados, como ocurrió de entrada cuando la Xunta puso en marcha en 2012 el mecanismo de arbitraje, que a su cierre el pasado verano dejó un saldo de otros 500 millones devueltos.

Los afectados plantean que sea el FROB, con sus 325 millones de euros de provisiones para sentencias en contra, y Banesco quienes se hagan cargo de los 500 millones paralizados, con una contribución de los presupuestos para la que probablemente habría que reformar la ley de 2012 de reestructuración de entidades de crédito, aprobada como consecuencia del rescate europeo, y que no distingue entre el preferentista genuino y el ahorrador estafado. Los afectados se aplicaron en la reunión de ayer en poner de manifiesto la diferencia. “Se presentaron las demandas colectivas, la del fiscal superior, sobre la falta de regulación del mercado secundario y sobre la estructura piramidal de la venta”, explicó Domínguez, que lamenta la “falta de concreción” de las respuestas obtenidas. Una portavoz del FROB señaló, en ese sentido, que en la conversación el fondo no dio “ningún detalle sobre la solución ni referencia alguna a la asunción de obligaciones a tres bandas”.

“Esto parecen promesas de cara a las elecciones europeas, igual que cuando fueron las autonómicas de 2012”, opina Domínguez, que figura testimonialmente en las listas del BNG a Estrasburgo.

PP de Galicia contra PP de Madrid

En unos de los escasos acuerdos unánimes, el Parlamento autónomo aprobó llevar al Congreso una propuesta para cambiar la ley 9/2012 que rige la reestructuración de las entidades de crédito. El cambio es simple, pero tiene calado. Galicia propone añadir una disposición adicional que diferencie a los ahorradores de los inversores en preferentes, lo que desbloquearía la posibilidad de que se les devolviesen los ahorros, sin esperar a pactos y autorizaciones de la Comisión Europea. El acuerdo se votó en Pleno en marzo y para agilizarlo el BNG decidió incorporarlo a una moción sobre preferentes que ya estaba en trámite en el Congreso. Así llegó el martes a la Comisión de Economía de esa Cámara. Y todos los grupos votaron a favor menos el PP.

La encargada de dar la negativa fue la diputada viguesa Irene Garrido, que acusó al Bloque de querer “buscar el titular” y se escudó en las formas parlamentarias. “Un procedimiento legislativo de reforma no debe ser sustituido por una normativa de impulso”. No es la primera vez que los populares votan una cosa en Santiago y otra en Madrid a cuenta de las preferentes. El año pasado lograron hacerlo en la misma jornada. “Es una tomadura de pelo. Por lo menos, que se callen y no se rían de la gente”, protestó Xulio Vicente, cuya plataforma, la de Baixo Miño, tiene que desviar aún parte de sus esfuerzos a recurrir las multas administrativas que les impusieron por sus protestas públicas a lo largo de 2013.

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