El Tribunal de Cuentas respalda el modelo de contabilidad de la oposición

El Tribunal de Cuentas ha desarmado al Partido Popular en su insistencia de que cada uno de los cuatro grupos parlamentarios representados en la Asamblea de Madrid (PP, PSM, IU y UPyD) sean independientes jurídicamente de los respectivos partidos políticos. Esto es, que cuenten con un CIF propio, una cuenta bancaria y en su caso un número de inscripción de la Seguridad Social distintos a los de las formaciones para así tener “una contabilidad específica”.

La institución que preside Ramón Álvarez de Miranda subraya que en la Ley Orgánica sobre la financiación de partidos políticos “no se hace referencia alguna” a los números de identificación fiscal (NIF) ni a los números de inscripción a la Seguridad Social de las formaciones políticas. Eso sí, el Tribunal de Cuentas no aprecia “inconveniente alguno” en que un grupo parlamentario pueda tener un NIF, cuentas bancarias o un número de inscripción a la Seguridad Social “distintos a los del partido político al que pertenece”.

En cualquier caso, Álvarez de Miranda, destaca que la existencia de varios NIF, números de inscripción a la Seguridad Social o diferentes cuentas bancarias en un mismo partido político “no tiene relevancia alguna” con la contabilidad. Por último, el máximo responsable del órgano entiende que la institución más indicada para pronunciarse sobre los NIF es la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La Tesorería General de la Seguridad Social sería a su vez el órgano competente en relación con los números de inscripción.

El PP venía criticando que el resto de grupos parlamentarios destinan la asignación anual que reciben, ya sea de forma parcial o en su totalidad, a sufragar gastos del partido correspondiente. Mientras, la oposición observaba que es legal y no es algo nuevo, sino que se lleva aplicando desde los años ochenta. El Tribunal de Cuentas, cuya respuesta llegó al Parlamento autonómico la semana pasada, refuerza a PSM, IU y UPyD en su posición.

La Cámara de Cuentas aconseja la diferencia jurídica de los grupos

Menos tajante que el Tribunal, la Cámara de Cuentas reconoce que “ninguna norma atribuye personalidad jurídica” a los grupos parlamentarios pero entiende que se debería poner orden en su administración contable. Lo hace aconsejando un “marco normativo” que ponga en claro las cuentas de los grupos políticos con representación en la Asamblea.

En su resolución, los auditores públicos proponen que se separe la “contabilidad de las formaciones políticas de los grupos parlamentarios”, sin perjuicio de que posteriormente el Tribunal de Cuentas “pueda verificarla si el partido político la presenta integrada en sus cuentas anuales”. Los fiscalizadores públicos igualmente abogan por que los grupos cuenten con su propio número de identificación fiscal. Desde el PP critican que los grupos del PSM y UPyD no lo tienen, por lo que no se diferencian en términos jurídicos de sus partidos.

La Cámara de Cuentas también es partidaria de que los grupos puedan “solicitar un número de inscripción en la Seguridad Social”. Así lo explica: “Si un grupo parlamentario de la Asamblea contrata directamente a un trabajador, en cualquiera de las modalidades de contratación incluidas en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social, deberá comunicar su alta y, en el caso de que el trabajador no esté afiliado, también solicitar su afiliación. Esto requiere necesariamente la previa inscripción del grupo, en su condición de empresario, en el correspondiente régimen de la Seguridad Social”.

La Cámara también recomienda que los grupos dispongan de una cuenta bancaria propia, “necesaria para la ejecución de las actuaciones que realizasen en el tráfico jurídico y la llevanza de la contabilidad a la que están obligados”.

Los grupos perciben una subvención fija anual de 489.833 euros, idéntica para todos. Aparte, disponen de una cuota que varía en función del número de diputados (17.810 euros por escaño). Por este concepto el PP recibe 1.282.298 euros (le representan 72 de los 129 diputados); el PSM obtiene 641.149 euros (36); IU, 231.526 euros (13), y UPyD, 142.478 euros (8).