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El PSC dice que BCN World tendrá un impacto laboral de 20 millones mensuales

El compromiso para que el 1% de las inversiones vayan a un fondo social se queda fuera de la ley

Dani Cordero

Los socialistas catalanes defenderán a capa y espada el acuerdo cerrado con CiU sobre BCN World. Ayer mismo sus diputados Xavier Sabaté y Alícia Romero, que integraron la comisión negociadora con el Gobierno catalán, afirmaron que en un cálculo rápido creen que el proyecto tendrá un impacto laboral directo de unos 20 millones de euros mensuales, entre los ingresos salariales que perciban los trabajadores del macrocentro de casinos, hoteles y tiendas y las cotizaciones sociales pagadas por las empresas que los contraten.

Ese cálculo está efectuado teniendo en cuenta sobre una ocupación de unos 10.000 trabajadores, según explicaron. Las cifras que maneja Veremonte, promotor del proyecto, son más optimistas. Calcula que la construcción dará trabajo a 17.000 personas durante los tres años que duren las obras y que posteriormente cada resort dará empleo a otras 5.000 personas. De momento, hay operadores interesados para poner en marcha al menos dos recintos autónomos dentro del macrocomplejo.

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Previsiblemente el pleno parlamentario del 24 de abril aprobará la ley sobre Centros Recreativos y Turísticos, en el que se incluyen las demandas efectuadas por Veremonte. Pero este no incluirá la principal exigencia socialista: el compromiso de que el 1% del total de las inversiones vaya a parar a un fondo social que revierta sobre los empleados que acaben trabajando en el recinto y sobre las comarcas de Tarragona. Ese porcentaje ha saltado del articulado por recomendación de los servicios jurídicos de la Generalitat y tendrá que introducirse en el pliego de condiciones del concurso que adjudicará las licencias para los nuevos seis casinos previstos en BCN World.

Tanto Sabaté como Romero aseguraron ayer que una comisión integrada por ambas partes será la encargada de que se cumplan los compromisos. La intención, al menos de entrada, es que ese 1% afecte a todas las inversiones y no solo a la de los centros de juego, aunque la cuestión es cómo se podrá incluir ese precepto en un documento que afecta a licencias.

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Sobre la firma

Dani Cordero
Dani Cordero es redactor de economía en EL PAÍS, responsable del área de industria y automoción. Licenciado en Periodismo por la Universitat Ramon Llull, ha trabajado para distintos medios de comunicación como Expansión, El Mundo y Ara, entre otros, siempre desde Barcelona.

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