Una televisión fundida

Telemadrid no ha fundido a negro como la valenciana Canal 9, pero la crudeza del último año y medio ha dejado a la televisión pública madrileña fundida. El ERE que segó el 74% de la plantilla —861 despedidos de los 1.169 empleados— jibarizó la cadena a lo imprescindible para poder seguir abierta. Tras los despidos, solo se podría realizar una producción propia reducida a los servicios informativos y rellenando el resto de la parrilla con refritos enlatados. Telemadrid tenía hasta el ERE más trabajadores que las cadenas Antena 3 y Telecinco juntas.

A un mes de celebrar su 25º aniversario, la cadena —que empezó a emitir el 2 de mayo de 1989 y vivió su esplendor con una share del 35,5% con la retransmisión de la comisión de investigación del Tamayazo en 2003— afronta un horizonte incierto, con la cuota de espectadores desplomada a un 3,8%. Y con un presupuesto que en un año ha caído en picado, de 200,6 millones de euros en el ejercicio de 2013 a 80,3 en 2014.

La decisión del Tribunal Supremo de ratificar el fallo del Superior de Justicia de Madrid, que el pasado abril declaró improcedente el ERE, supone la derrota de la Comunidad en los tribunales y, al mismo tiempo, una victoria política para Ignacio González. El presidente regional ha sorteado el escenario que más le inquietaba: un ERE nulo que le habría obligado a readmitir a los trabajadores despedidos en sus puestos.

Una opción que el Ejecutivo autonómico nunca contempló y habría concluido con el cierre del medio, con el consiguiente incendio en la calle tras el reciente fiasco de Eurovegas y la renuncia a la privatización de seis hospitales, pulso en el que la marea blanca se cobró la cabeza del consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty. La nulidad del ERE habría sido la puntilla a las aspiraciones de González, a un año de las elecciones autonómicas, para las que Mariano Rajoy sigue sin desvelar quién será el candidato, o candidata, del Partido Popular.

De ahí que la alternativa de tener que doblar las indemnizaciones a los despedidos (los más de 50 representantes sindicales sí podrían regresar), que percibirán una indemnización de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades hasta febrero de 2012, y 33 días y 24 mensualidades partir de esa fecha —en lugar de los 20 días que se abonaron con un máximo de 12 mensualidades— haya sido recibida por la Comunidad como el maná. Aunque suponga tener que abonar otros 22 millones al proceso, que se suman a los 26 millones que ya se habían destinado al ERE.

De todas maneras, el Gobierno regional no esperaba un resultado negativo a sus intereses. Apenas unas horas antes de que arrancara el pleno del pasado día 20 en la Asamblea de Madrid, el último del mes, el PP retiró del orden del día una pregunta sobre las “perspectivas para el año 2014” que el Ejecutivo de González tenía para Telemadrid. A seis días de que el Supremo se pronunciara sobre el ERE, el gesto fue interpretado como un síntoma de confianza y tranquilidad por parte de la Comunidad. “El PP pretendía hablar de Telemadrid para recordar a los magistrados que, si declaraban nulo el expediente de regulación de empleo, entonces cerrarían la radiotelevisión. Al descartar hacerlo, evidenciaron que esperaban un pronóstico favorable a sus intereses”, apuntan en el Parlamento regional.

“La sentencia del Supremo da certidumbre judicial para la planificación futura de la televisión pública y, por tanto, garantiza la viabilidad de Telemadrid”, sostiene el número dos de la Comunidad, Salvador Victoria. “Parece que no han sido ellos los responsables de una pésima gestión que ha provocado un pasivo financiero de más de 100 millones el año pasado”, critica Libertad Martínez, diputada regional de IU. La deuda ha desaparecido este curso.

En el tiempo que ha pasado hasta la resolución final de los despedidos, Radio Televisión Madrid ha subsistido como ha podido. Con 62 redactores para hacer 24 informativos a la semana, sin contar la emisión diaria entresemana de Abierto al Mediodía. Una misión imposible en la que no ha habido sustituciones salvo un puñado de bajas por maternidad y de larga duración, y empeorada por el despido, entre otros gremios, de los realizadores de la casa. El soporte técnico se ha cubierto con tres equipos de realización externos, de Telefónica Broadcast Services, subcontratada para la emisión de la señal desde el párking de la sede de Telemadrid en la Ciudad de la Imagen.

Un apaño con el que los empleados que continúan en la cadena han tirado mientras permanecían cerrados los estudios de realización. Eso sí, con los equipos en perfecto estado. Igual que el centenar de cámaras, herramientas sin dueño —Telemadrid ha contado el último año con una docena de cámaras externos, de la productora CBM— guardadas a la espera de mejores tiempos. Los que directamente han desaparecido son los coches de leasing rotulados de la cadena. “Se ha echado a casi 900 trabajadores para a continuación traspasar lo que ellos hacían a servicios y contratas externas, algunas cercanas a PP”, subraya Miguel Aguado. El parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid denuncia que pese al elevado número de despedidos el Ente público ha mantenido en nómina a una decena de directivos con sueldos por encima de 100.000 euros.

La decisión del Supremo ha despejado el panorama de Radio Televisión Madrid. Los planes de la Comunidad pasan por “formalizar a marchas forzadas” Telemadrid. Para superar la sombra en que la cadena se ha convertido, el camino marcado pasa, al menos en una primera fase, por la externalización de los programas y del departamento técnico. El primer síntoma de la reanimación de Telemadrid fue este jueves, con la emisión de Ruta 179, un embrión de Madrid Directo —con antiguos periodistas del ente, contratados ahora en una productora— y el primer programa cuasipropio después del ERE.

Con todo, la vuelta a la normalidad tras la dureza del conflicto se espera lenta. Otra cosa son las dudas sobre la independencia del ente. “Espero que el Gobierno regional haga lo que no ha hecho nunca: una televisión pública de verdad, con un servicio público para los ciudadanos, pluralista y no sectaria”, pide Luis de Velasco, el portavoz de UPyD en la Asamblea. Justo lo que la Asociación de la Prensa de Madrid exige para la cadena: “Una televisión pública madrileña independiente y transparente, gestionada con rigor y austeridad, con una financiación suficiente para cumplir sus misiones de interés general y con unos servicios informativos neutrales, plurales y comprometidos con la veracidad y la imparcialidad”.