Interior apuesta por restringir las manifestaciones a “un lugar específico”

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz (PP), ha terciado esta mañana, a preguntas de  periodistas, en la polémica que enfrenta a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital con la Delegación del Gobierno sobre la regulación de las manifestaciones. En opinión de Fernández Díaz, resultaría “muy atinado” circunscribir el derecho constitucional a manifestarse a “un lugar específico”, puesto que, en su opinión, “ningún derecho es absoluto”.

“Lo ha dicho el Tribunal Constitucional, mis derechos y libertades empiezan donde acaban los derechos del prójimo”, añadió el ministro, según informa Europa Press. Fernández Díaz dejó en cualquier caso “la última palabra” a la justicia, pero adelantó ya que probablemente su propuesta no concuerde con la lectura unánime de la legalidad que hacen los tribunales: “Por desgracia, son muchas las resoluciones [judiciales] que derogan las resoluciones de la Delegación de Gobierno”. Según la delegada en Madrid, Cristina Cifuentes, en la práctica totalidad de ocasiones en las que ha intentado cambiar el recorrido de una protesta, los tribunales han tumbado su iniciativa.

Los disturbios violentos tras la manifestación pacífica del pasado sábado, que causaron un centenar de heridos y daños materiales por valor de 166.000 euros, dispararon ayer la batalla política dentro del PP madrileño. Tanto el presidente regional, Ignacio González (PP), como la alcaldesa de la capital, Ana Botella (PP), están presionando a la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes (PP), para que restrinja el derecho a manifestarse en la almendra central. Bajo estas disputas subyace la posibilidad de que Cifuentes pudiera sustituir a González o Botella como candidata en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015.

Botella urgió ayer a la delegada a “tomar medidas” para que “la libertad sin límite de unos cuantos no cercene los derechos de los demás”. “El derecho de manifestación se puede y se debe regular”, dijo. Esta mañana, el pleno municipal ha aprobado, con la mayoría absoluta del PP y la oposición unánime de PSM, IU y UPyD, una proposición de urgencia para que la Delegación del Gobierno “determine una serie de espacios que, a juicio del Ayuntamiento, deben ser especialmente protegidos a la hora de autorizar manifestaciones, como es el caso de entornos histórico-artísticos, zonas de gran afluencia turística y los ejes estratégicos de transporte”.

El portavoz regional, Salvador Victoria (PP), ha reclamado esta mañana por enésima vez “la necesidad de ordenar las manifestaciones en la ciudad”, pues, a su juicio, “la reiteración de manifestaciones no debe impedir que sean compatibles con otros derechos como la libre circulación, el turismo, o el trabajo de taxistas y comerciantes”. “La ley permite cambiar el lugar de las manifestaciones porque afecten a tráfico rodado, al comercio… Se ha utilizado para variar e incluso algún caso prohibir distintas manifestaciones”, ha añadido.

Victoria hacía referencia a una concentración que se comunicó a la Delegación del Gobierno en diciembre de 2012 y que se quería celebrar frente al Congreso; finalmente, fue derivada a Sol; según Cifuentes, las decisiones judiciales solo sustentan el blindaje del Congreso o la Asamblea regional en días de actividad legislativa. Sin embargo, Victoria cree “sospechoso” que “todas las manifestaciones” se celebren en Sol, donde se ubica la sede del Gobierno regional.

Victoria ha aprovechado además para reprochar a la oposición en la Asamblea (PSOE, IU y UPyD) que, a su entender, no haya condenado los disturbios del pasado sábado. En el pleno municipal, los cuatro partidos han censurado los hechos violentos, aunque no han podido consensuar una declaración conjunta. UPyD presentó una moción de condena el pasado martes, y ayer el PP planteó otra en la que iba más allá e incluía la propuesta para restringir el derecho de manifestación en Madrid.

El líder de UPyD, David Ortega, lo considera “un error”. “Ponen los espacios por encima de las personas y limitan el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas”, señaló esta mañana; añadió que también es un error “procedimentalmente”, puesto que el cauce legal para estas iniciativas no sería una reunión con la delegada del Gobierno, como ha anunciado Botella, sino un cambio en la ley orgánica que regula este derecho constitucional.

El concejal socialista Pablo Rojo ha calificado de “intolerables y antidemocráticos” los disturbios del sábado, pero defendió el derecho de manifestación “sin limitaciones”. De igual forma, Milagros Hernández (IU) ha indicado que “rechaza la violencia contra manifestantes y policías”, que atribuye a “provocadores violentos”, pero ha añadido: “Quieren que se acallé la voz pacífica de miles de personas. Su propuesta de reducir espacios es anticonstitucional y provocadora”.