Cifuentes autoriza una protesta por el ERE de Telemadrid frente al Supremo

El permiso de la Delegación del Gobierno a los afectados por el ERE de Telemadrid para concentrarse ante el Tribunal Supremo, que hoy decide si lo declara improcedente como ya hizo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) o nulo —lo que supondría la readmisión del millar de despedidos y el posterior cierre de la cadena—, abrió ayer un nuevo capítulo en la bronca que enfrenta al presidente Ignacio González con la delegada Cristina Cifuentes, ambos del PP. “Concurren razones para que la Delegación no hubiera autorizado una concentración que tiene solo por objeto presionar a los magistrados del Supremo”, reprochó el número dos de la Comunidad, Salvador Victoria. La Delegación del Gobierno recuerda que la protesta “fue pedida en tiempo y forma” y “no interrumpe la labor de los magistrados”.

El enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Delegación se ha vuelto especialmente intenso desde febrero, en concreto, por la saturación de manifestaciones en el centro, con foco especial en la Puerta del Sol, donde se ubica la Real Casa de Correos, sede del Gobierno. González reprocha a Cifuentes que en el kilómetro cero convergen una media de tres protestas diarias, lo que le ha convertido en una especie de “manifestódromo”, según lo ha llegado a definir —al tomar parte— Esperanza Aguirre, presidenta del PP madrileño. La plaza concentró un millar de protestas el año pasado, de acuerdo con los cálculos de la Comunidad. La Delegación rebaja la cifra, con 396 manifestaciones en 2012 y 391 en 2013.

La autorización a los trabajadores despedidos de Telemadrid para concentrarse ante el Supremo sobre las 13.30 tras una marcha que iniciarán a las 9.00 en la sede de la televisión, en la Ciudad de la Imagen, incrementó sobremanera las fricciones entre Cifuentes y González, que hoy, con el futuro de Telemadrid en juego, afronta el principal conflicto que mantiene abierto. Dentro del Gobierno madrileño llegaron a definir de “escrache” la concentración a los miembros del Supremo el día que deben tomar una decisión que afecta de lleno a la Comunidad.

La Delegación derivó a Sol una concentración el 11 de diciembre de 2012 solicitada ante el Congreso de los Diputados o en su defecto en la plaza de Neptuno. Los organizadores calcularon la asistencia en unas 5.000 personas. Cifuentes estimó “conveniente modificar el lugar de la concentración, que deberá llevarse a cabo en la Puerta del Sol”.

La Delegación observó entonces que la céntrica plaza “no supone menoscabo alguno del derecho fundamental de reunión, ya que se trata de un espacio de gran amplitud y máxima representatividad, en el que queda plenamente asegurada la difusión de las reivindicaciones y mensajes objetos del acto”. Finalmente, la concentración se celebró en Sol entre las 11.00 y las 16.00 con el requisito de no “obstaculizar el libre acceso y funcionamiento de los edificios y establecimientos públicos” del área. Lejos del Congreso... Y a unos metros del despacho de González.

La manifestación, “por el empleo estable y con derechos” y “contra la reforma laboral”, fue requerida los días 5 y 7 de diciembre —primero entre las 11.00 y 16.00, y posteriormente las 14.00 y las 19.00— por Miguel Ángel Abejón (entonces secretario de Organización y Coordinación de UGT Madrid) y Francisco Cruz (su homólogo en Comisiones Obreras). El día 7 la Delegación respondió que el lugar elegido por los manifestantes no era “idóneo” dado que el día de la protesta el Congreso celebraba sesión plenaria y se podía poner en peligro el carácter “inviolable” de la Cámara, según estipula la Constitución. El organismo que dirige Cifuentes también destacó la “alta participación prevista” y el “prolongado horario pretendido” de cinco horas implicaban “una grave afectación de la zona centro de Madrid”, así como la prestación de servicios “con incidencia en la seguridad” —ambulancias, bomberos, policía...— y que también afectaban al transporte público.

La Delegación basó su postura además en distintas sentencias, como una del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de noviembre de ese año en la que se subrayaba la cercanía de la plaza de Neptuno del Congreso —unos 100 metros— y la “clara intencionalidad de ejercer presión sobre los parlamentarios”.

El Código Penal contempla penas de prisión de seis meses a un año o multas de 12 a 24 meses para quienes “promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones” ante las sedes del Congreso, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, “cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento”.