40.000 expedientes colapsan el Fogasa

El Fondo de Garantía Salarial cuadruplica en dos años el número de casos sin resolver El Ministerio de Trabajo contrata a 41 personas para intentar desatascar las demandas

El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se encuentra al borde del colapso. Literalmente. En diciembre del año pasado, había en la unidad de Madrid de este organismo cerca de 40.000 expedientes a la espera de ser tramitados. Si antes se resolvían en un plazo medio de tres a cuatro meses, ahora se tarda más de un año. En alguna ocasión, incluso, se ha alargado hasta dos, según reconocen fuentes sindicales. El Ministerio de Trabajo e Inmigración es consciente de lo que ocurre e intenta paliarlo con la contratación de personal externo de la empresa pública Tragsatec.

El Fogasa ha visto en los últimos años como su trabajo ha crecido de manera exponencial. Si a finales de 2011 el número de expedientes acumulados era de 11.442, este número se duplicó al año siguiente a 20.468 y se cuadruplicó dos ejercicios después hasta los 39.815 casos. En 2013, por ejemplo, le entraron 27.304 casos y solo pudo resolver 7.951. El trabajo de Fogasa consiste en pagar las indemnizaciones o los salarios de los trabajadores que no han cobrado de sus respectivas empresas. Y existen dos causas: cuando el empresario no puede hacer frente a esos desembolsos o cuando lo marca un tribunal tras resolver un concurso de acreedores o un despido colectivo, entre otros.

El organismo resolvió en 2013 8.000 sumarios y le entraron 27.300

Para que el Fogasa pague es necesario que estudie todo el expediente, que debe incluir la sentencia o la resolución pertinente. Después, los letrados son los que deciden la cantidad y la forma de pago. Para realizar todas estas operaciones, en la unidad periférica de Madrid hay 29 personas, de las que ocho de ellas son letrados. Según fuentes sindicales, resultan claramente insuficientes para toda la carga de trabajo que acumulan y que no pueden sacar adelante.

Según el abogado de UGT Juan Antonio Lucena, este servicio ha funcionado “muy bien” hasta la llegada de la crisis. En 1992 se estableció que parte de las retenciones de los trabajadores se destinarían a sufragar los pagos del Fogasa. “Desde su creación, el plazo máximo para resolver era de seis meses, pero en la mayoría de los casos estaban listos en tres o cuatro. Realmente acudía muy poca gente a este organismo. Eso, de momento, ya es historia”, recuerda.

Lo normal ahora es cerrar las listas de las citas cada dos meses, lo que “transmite un mensaje desesperante y lamentable” para muchas personas, según Lucena. A todo ello se une que los retrasos en la tramitación y en el pago no genera intereses, como ocurre en otras ramas de la Administración.

Desde el inicio de la crisis, el plazo para resolver los expedientes se ha ido incrementando de manera exponencial. Algunos casos se han demorado hasta dos años, según UGT. “El problema que se da, además, es que a los casos anteriores se siguen sumando los nuevos, con lo que el trabajo no para de acumularse y acumularse”, según UGT.

Situaciones dramáticas

F. J. B.

Detrás de las cifras y de los datos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), hay situaciones personales y familiares que rozan la tragedia. “Las situaciones pueden llegar a ser auténticamente dramáticas. La gente espera mucho tiempo para recibir un dinero que necesita para mantener a la familia. En numerosos casos suele ser su único ingreso del que disponen”, recuerda el abogado de UGT, Juan Antonio Lucena.

El letrado recuerda que la clase obrera, la más afectada por la crisis, es la que tiene que acudir al Fogasa para completar su indemnización o los sueldos que se le adeudan. “Como estos ingresos llegan tarde, las familias afectadas, en especial las más humildes, ya han agotado el paro o las prestaciones sociales. Detrás hay gente que sufre desahucios o que no puede llegar siquiera a final de mes”, añade Lucena. Y recuerda que la cantidad que reciben los afectados no supera los 19.000 euros, aunque se les adeude más. “Se reconoce, en general, el funcionamiento anormal y lento de la justicia y de la Administración, menos en este caso. Y degenera en una situación caótica”, concluye el letrado.

Fuentes del Ministerio de Empleo reconocen que la carga de trabajo creció a partir de los años 2007 y 2008 cuando empiezan a quebrar las empresas de manera masiva. De hecho, solo en Madrid se acumula casi un 25% de los 180.000 expedientes que hay el Fogasa a nivel nacional. La cifra global era de 30.000 casos hace cuatro años. “La crisis se cebó en algunas zonas como Levante [Valencia, Alicante y Castellón], Barcelona y Madrid, debido entre otras cosas a la crisis del ladrillo. Por eso, en la Comunidad de Madrid existen numerosas empresas afectadas”, destacan en el Ministerio de Empleo.

El intento de desatacar los problemas del Fogasa llegó a finales del año pasado cuando se contrataron a 500 personas con carácter interino en toda España, de las que 41 desembarcaron en la unidad periférica de Madrid. “Con este plan se pretende que se saque todo el trabajo lo antes posible. Nuestro objetivo es que esté resuelto antes de que termine el año”, señalan fuentes de Empleo.

Para intentar acelerar el proceso administrativo, se ha acudido a la empresa pública Tragsatec, una división de Tragsa. Esta entidad es conocida en la región, entre otros motivos, por poner operarios a disposición de los Ayuntamientos de Madrid y de Alcorcón durante las huelgas de basuras y de limpiezas de los últimos meses. Tragsatec nació en 1989 como una filial de Tragsa para desarrollar actividades de ingeniería, consultoría y asistencia técnica. Se ha utilizado una figura legal llamada encomienda de gestión para que pudiera ayudar a Tragsa.

UGT ha visto con recelo este proceso, ya que la formación de estos operarios ha sido de un cursillo de dos o tres semanas. No creen que estén suficientemente preparados para afrontar la resolución de los expedientes y que sean los correspondientes letrados los que den el visto bueno definitivo a cada caso. En su opinión, hay mucha tramitación y muchas circunstancias que no se pueden aprender en un periodo formativo tan corto. No obstante, Empleo confía en que el número de quiebras de empresas se frene este año, lo que haría que entraran menos casos. UGT no es tan optimista.

Sobre la firma

F. Javier Barroso

Es redactor de la sección de Madrid de EL PAÍS, a la que llegó en 1994. También ha colaborado en la SER y en Onda Madrid. Ha sido tertuliano en TVE, Telemadrid y Cuatro, entre otros medios. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, está especializado en Sucesos y Tribunales. Además, es abogado y criminólogo.

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