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Condenado el extesorero de la CIG en Vigo por quedarse 135.000 euros

Juan Carlos Fernández trató de encubrirse con un extracto bancario falsificado La sentencia le obliga a devolver el dinero

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado al que fuera tesorero de la CIG en Vigo Juan Carlos Fernández a tres años y seis meses de prisión y unos 4.700 euros a pagar en cuotas diarias durante 14 meses por desviar a su cuenta personal hasta 134.875, 91 euros de una cuenta del sindicato entre 2007 y 2010 y tratar de encubrir su actuación con un extracto bancario falsificado. La sentencia manda también que devuelva el dinero.

La cuenta en cuestión era una que recogía las cuotas que abonaban los afiliados de Telefónica y Fenosa. Cuando hacía falta efectuar un pago, el dinero se transfería de esa cuenta a la de gestión, la única autorizada para ello por la central. Fernández, el único que tenía las claves de acceso bancario electrónico, según considera probado la resolución, trató de echar la culpa durante la vista a su jefe, quien según declaró le obligaba a efectuar las transferencias para generar dinero negro con el que abonar dietas a sindicalistas y pagar a proveedores. La resolución no da crédito a la excusa, porque no solo no hay pruebas de ello sino que constan ingresos a la propia cuenta de Fernández, en la que este tenía sus recibos domésticos domiciliados, y gastos que no logró explicar. El extracto falsificado tampoco ayudó a apoyar su tesis.

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La sentencia relata también como fueron los propios empleados de la CIG los que descubrieron el desfalco cuando su jefe le pidió que efectuase una transferencia a la cuenta de pagos y este respondió que no tenía fondos. Tras el hallazgo trataron de convencer en más de una ocasión a Fernández de que entrase en razón y devolviese el dinero, incluso suscribiendo un préstamo personal para que fuese pagando a plazos. Igualmente quedó al descubierto, según declaró uno de los empleados de la central, que algunos pagos de servicios como publicidad, mensajería o limpieza se seguían haciendo en cheques al portador hasta 2008. Finalmente fue el sindicato el que denunció el desfalco y expulsó al tesorero.

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