La policía de Granada desaloja y clausura seis cuevas en el Sacromonte

La Policía Local de Granada ha desalojado seis de las cuevas que hay en el cerro de San Miguel, en la parte más alta del Albaicín, junto a la muralla que separa a este barrio del Sacromonte. Las ha desalojado y clausurado ante su estado de “ruina”, según el Ayuntamiento, que lleva años intentando desocupar el cerro. La actuación, que ha contado con un fuerte dispositivo policial, se ha saldado con un detenido y dos personas identificadas, según fuentes policiales. No es la primera vez que el Consistorio granadino, que es el propietario de los terrenos, lo intenta. La última vez fue en diciembre, pero una concentración lo impidió.

En esta ocasión, los agentes y las máquinas comenzaron a trabajar antes de las 7.00 y fue por “sorpresa”, según algunos de los afectados. No a todos les había llegado la notificación y hay quienes la habían recurrido, explica Marisa Dávila, la abogada de los ocupantes. La operación se ha llevado a cabo después de que el Ayuntamiento de Granada recibiera de distintos juzgados de lo contencioso-administrativo la orden de desalojo, según explica un portavoz de la Policía Local. La letrada cree “irregular” esta actuación por el modo en que se ha hecho.

En el cerro, que tiene unas impresionantes vistas de la ciudad, hay cuevas habitadas desde hace décadas frente a otras que son ocupadas temporalmente.Se calcula que existen en la zona unas 60, pero no todos los habitantes tienen escrituras. El problema de la titularidad es bastante complejo en un paraje que no es urbanizable. Algunos afectados han intentado reabrir las cuevas.

La concejal de Urbanismo, Isabel Nieto (PP), ha insistido en que las cuevas desalojadas no son viviendas y que su estado de “ruina” suponía un peligro para sus moradores que había que atajar. “Ni tienen saneamientos, ni luz, ni agua”, recalca. La plataforma Stop Desahucios se concentró frente al Ayuntamiento ya que el amplio dispositivo policial (unos 50 agentes) les impedía acceder a las cuevas.

La oposición municipal cree que en esta actuación hay intereses especulativos, aunque el gobierno del PP reitera que su intención es restablecer la zona. Se ha rellenado con grava, tierra y arena las cuevas con el objetivo de devolver el monte a su estado y volver a sembrar.

La Junta de Andalucía ha exigido, a través del delegado territorial de Vivienda, Manuel Morales (IU), al Ayuntamiento que proporcione alojamiento a los afectados, que son 17, según ha señalado. La policía rebaja a siete las personas sin posibilidad de acceder a una vivienda. El grupo municipal de IU ha calificado el desalojo como “terrorismo del ladrillo” y alertó, una vez más, de posibles operaciones urbanísticas.