El Ejecutivo dice que cumplir ciertos mandatos de la Cámara se saltaría la ley

El Gobierno vasco reconoce que algunos de los mandatos aprobados por el Parlamento resultan “muy difíciles” de ejecutar ya que hacerlo conllevaría saltarse la legalidad o versan sobre materias en las cuales Euskadi no tiene competencias. Y otras resoluciones no se cumplen por las limitaciones presupuestarias.

El director de Relaciones con el Parlamento, Santiago Larrazabal, se ha expresado este miércoles en esos términos durante su comparecencia en la Cámara para presentar el informe que evalúa el grado de cumplimiento de las 211 proposiciones no de ley, las 48 mociones y las 264 resoluciones aprobadas el año pasado por el Legislativo, un informe encargado precisamente a través de una proposición no de ley aprobada el pasado mes de junio.

El informe no realiza un análisis cuantitativo del porcentaje de mandatos cumplidos e incumplidos y precisa las acciones subsiguientes a la aprobación de cada iniciativa parlamentaria. En ocasiones, las resoluciones demandan “algo que no se puede hacer por falta de competencia o porque la ley no lo permite. Nos encontramos a veces con una imposibilidad jurídica y no podemos cumplir, aun queriendo, para respetar las reglas de juego. No puede incumplir la ley”, ha subrayado, informa Vasco Press. Larrazabal no concretó a qué resoluciones se refiere.

Otros incumplimientos de peticiones del Legislativo se deben, ha argumentado, a que su ejecución conllevaría un coste económico imposible de asumir en este momento por el Gobierno para ajustarse a sus limitaciones de recursos. El director ha citado en concreto el mandato que pide al Gobierno la elaboración y aprobación de la ley Municipal, pendiente desde hace tres décadas.

Larrazabal ha sostenido que el Ejecutivo “arde en deseos” de remitir este proyecto a la Cámara, pero ha reconocido que no resulta “nada sencillo. Los Gobiernos anteriores no pudieron y vamos a ver si ahora es posible”. Ha destacado que la complejidad de dicha norma radica en que debe ser consensuada entre el Ejecutivo autónomo, las Diputaciones y los Ayuntamientos, y entre cuatro grupos políticos (PNV, EH Bildu, PSE y PP) para que pueda permanecer vigente mucho tiempo. “Vamos a ver si podemos cumplir plazos. Lo que hace falta es una buena ley y que sea una ley de todos”, ha cerrado.