Abogados de presos de ETA defienden que la ley no exige el arrepentimiento

"Exigimos que el Gobierno español acate la ley, no cabe someter a condición alguna ni de arrepentimiento, ni de desarme, ni de perdón, el respeto a unos derechos fundamentales", han defendido los abogados Aiert Larrarte y Alberto Zenón, letrados de los presos de ETA, en una rueda de prensa celebrada en San Sebastián para explicar el procedimiento que los reclusos mayores de 70 años y enfermos han iniciado para su traslado a cárceles vascas o directamente su excarcelación. Los letrados han argumentado que las peticiones que sus clientes han comenzado a tramitar se fundamentan tanto en el ordenamiento jurídico español, como europeo, además de convenios internacionales, y en los que en ninguno se contempla una medida "represiva" como la dispersión.

Larrarte y Zenón han precisado que las solicitudes de los reclusos incluyen una argumentación jurídica en la que se explica que el mantener presa a una persona a kilómetros de su casa viola los derechos humanos y es contraria a la propia legislación española, con lo que, mantener una medida de estas características supondría cometer un delito de "prevaricación".

"Si alguien estuviera realizando un fraude de ley sería el Gobierno español si mantiene una medida como la dispersión", ha subrayado Zenón, en respuesta a las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que aseguró el lunes tener sospechas de que las peticiones de los presos podrían constituir un "fraude de ley".

Los letrados no han especificado cuantos reclusos han comenzado a tramitar las peticiones para su acercamiento, en concreto a la cárcel alavesa de Zaballa, o para que se les aplique el artículo 100.2 del régimen penitenciario, que posibilita a un preso residir en su domicilio, pero han precisado que de momento a esta medida sólo se han sumado los reclusos mayores de 70 años y los enfermos.

Los abogados han especificado que las peticiones se componen de tres bloques y que todas han sido presentadas de forma "individual". En la primera, los reclusos dan parte de su situación, de cuántos años llevan presos, en qué cárceles han estado y el régimen de visitas que tienen, entre otras cosas. En el segundo apartado, los reclusos se adhieren al comunicado que el colectivo de presos de ETA (EPPK, en sus siglas en euskera) publicó el pasado mes de diciembre y en el que se recogía el reconocimiento "con toda sinceridad del sufrimiento multilateral generado como consecuencia del conflicto". En el comunicado los reclusos también reconocían la legalidad penitenciaria. El último de los bloques que se recoge en las peticiones es la argumentación jurídica para respaldar el acercamiento o excarcelación del solicitante.

Los letrados han señalado que estas peticiones se han comenzado a presentar en las juntas de tratamiento de las correspondientes prisiones, que tienen la obligación de reunirse al menos una vez cada seis meses y son las encargadas de elaborar un informe para que Instituciones Penitenciarias adopte la decisión definitiva. Zenón ha subrayado que "no contemplamos que se dé una respuesta negativa a estas peticiones porque sería ir en contra de la ley, contra el ordenamiento jurídico y contra los derechos humanos", por lo que no ha especificado que otros pasos estarían dispuestos a dar los reclusos si sus peticiones son denegadas.