Botella sopesa quitar el sueldo a más de la mitad de concejales de IU y UPyD

El Gobierno ha obligado al Ayuntamiento a rebajar el número de concejales con dedicación exclusiva (y, por tanto, sueldo íntegro) de 57 a 45, y la alcaldesa, Ana Botella (PP), ha decidido cargar el ajuste en la oposición, lo que obstaculizaría enormemente la labor democrática de Izquierda Unida y de Unión Progreso y Democracia.

El PP apenas se vería afectado por este recorte: perdería 3 de sus 31 ediles de dedicación exclusiva, pero de hecho uno ya ha dado ese paso voluntariamente, y otras dos son además diputadas y pueden cobrar sueldo como tales.

Pero el resto de partidos también perdería tres ediles, lo que supone el 20% de los 15 del PSOE, el 50% de los seis de IU y el 60% de los cinco de UPyD. Los concejales mantendrían el acta pero no el sueldo que cobran ahora por su trabajo, que podría reducirse incluso a una compensación por acudir a comisiones y plenos.

Ante el impacto de este ajuste en el trabajo de oposición, los cuatro partidos negocian ahora para aplazarlo a 2015, tal y como la ley prevé en el caso de municipios que, como Madrid, cumplen los objetivos económicos marcados por el Gobierno. Pero la decisión final depende de Botella, y la debe tomar antes de que acabe abril.

La Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que entró en vigor el 31 de diciembre, permite retrasar el ajuste hasta el 30 de junio de 2015; es decir, hasta después de las próximas elecciones municipales. La única condición es que Madrid cumpla los requisitos presupuestarios, de deuda y de pago a proveedores impuestos por el Ministerio de Hacienda.

Madrid los cumple, pero, aun así, Botella decidió renunciar a la prórroga. En cuestiones de ajuste presupuestario, la alcaldesa siempre opta por el criterio más estricto, y acepta las medidas del Gobierno rápidamente con un propósito reconocido de dar ejemplo.

La ley no estipula cómo deben repartirse entre los grupos políticos esos 12 concejales (un 21% del total) a los que se les quita la dedicación exclusiva. La decisión queda pues al buen juicio de Botella. Con un ajuste proporcional al número de ediles, el PP perdería siete, el PSOE tres, IU uno y UPyD otro. También podría calcularse aplicando la ley de D'Hondt. Pero Botella ha optado por que cada partido pierda tres sueldos. Es lo “razonable”, indican fuentes del PP, que recuerdan que otros municipios han cargado todo el ajuste a la oposición para salvaguardar al partido en el Gobierno.

Ante las fuertes reticencias expresadas por el PSOE, IU y UPyD, Botella aceptó aplazar el ajuste a 2015, tal y como prevé la ley. El jefe del Grupo Popular y portavoz municipal, Enrique Núñez, reunió a los líderes de la oposición en una castiza cervecería de la calle Mayor hace tres semanas para sellar el pacto y atrasar el ajuste a 2015. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda obliga a Madrid a pedir la prórroga mediante acuerdo plenario antes del 30 de abril, así que el PP envió el pasado viernes una propuesta a los tres líderes de la oposición para rubricarla por consenso en el pleno del próximo miércoles.

El documento fue rechazado de forma unánime, porque alaba la política económica y los supuestos logros de Botella, que habrían posibilitado el retraso del ajuste. Habría sido la buena gestión del PP, en definitiva, la que permitiría cumplir los requisitos de Hacienda. Eso es cierto en parte: han sido los recortes sociales y subidas de impuestos de Botella los que han reducido los desequilibrios presupuestarios de su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón.

Pero no lo habría logrado sin los dos rescates del Gobierno (1.400 millones de euros) para pagar facturas atrasadas. O sin las numerosas ayudas fiscales del Ministerio de Hacienda para mejorar la recaudación local.

Tanto la oposición como Botella buscan evitar a toda costa transmitir a la ciudadanía la sensación de estar maniobrando para proteger sus sueldos, sobre todo tras los recortes sociales. Pero PSOE, IU y UPyD consideran un chantaje obligarles a firmar una loa a la política del PP. Por ello, los cuatro grupos se han dado un mes para negociar una fórmula de consenso.

El PSOE e IU defienden la necesidad de que los concejales, y en general los cargos políticos, cobren un sueldo por su trabajo al servicio de los ciudadanos; de lo contrario, reseñan, solo los ricos o los corruptos podrían dedicarse a la política. El PP local ha coincidido hasta ahora en esta tesis, incluso después de que la secretaria general del partido y presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, haya quitado el salario a sus diputados regionales.

UPyD, por su parte, cree que la ley estatal no deja espacio al Ayuntamiento para decidir si retrasa o no el ajuste. “Lo que quiere el PP es que le digamos que lo ha hecho todo de maravilla, cuando no es así”, explica su líder, David Ortega. En su opinión, dado que Madrid cumple los requisitos fijados por la ley para aplazar la medida, esta debería aplazarse sin más trámites.

Ahora los partidos tienen un mes para hallar una fórmula de consenso y evitar así un recorte de órdago a la labor democrática de la oposición.