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El Ayuntamiento pedirá la instalación de 46 cámaras en el centro de la capital

Se ampliarán los puntos de vigilancia ya existentes con visores en Sol, Arenal, Preciados y Carmen, entre otros

Su colocación supondrá unos 600.000 euros y pueden estar listas antes de final de año

Cámara urbana de videovigilancia en la Plaza Mayor. Ampliar foto
Cámara urbana de videovigilancia en la Plaza Mayor.

El Ayuntamiento de la capital ha decidido ampliar el número de cámaras que vigilan el centro de la ciudad con la petición a la Delegación del Gobierno en Madrid de la instalación de 46 nuevos visores por áreas como Sol, Arenal, Preciados y Carmen entre otros. Estos dispositivos de videovigilancia se sumarán a los ya existentes en otras zonas como Gran Vía, Montera o la plaza de la Luna. El Consistorio espera que puedan estar instalados antes de final de año.

El proyecto ha sido presentado por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, a mediodía a los comerciantes de la zona centro que han aplaudido la medida ya que incrementará las seguridad en la zona. En total se instalarán las 46 cámaras en 39 puntos, ya que algunos van duplicados. El modelo será el llamado domo, que permite una visión de 360 grados, y la grabación se guardará una semana, según marca la legislación. Solo podrá ser requerida por los jueces, la fiscalía o la policía. En caso contrario, se borrarán.

Puntos de videovigilancia en el centro de la capital pulsa en la foto
Puntos de videovigilancia en el centro de la capital

Las cámaras también vigilarán puntos como plaza de España, el comienzo de la calle de la Princesa o la plaza de los Cubos, además de la calle de Fuencarral. Una característica importante es que no se desconectarán durante las manifestaciones por lo que permitirán un mayor control de las protestas en el centro de la capital. “Creemos que las cámaras que ya están instaladas por el centro ha incrementado la percepción de seguridad y ahora queremos extenderlas a otras zonas”, ha destacado la alcaldesa.

El trámite que hay que seguir es presentar el proyecto motivado a la Delegación del Gobierno, que deberá tramitarlo tras su preceptivo informe ante la Comisión de Videovigilancia. Este organismo, a cuyo frente está el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, deberá informar si está de acuerdo con la legislación vigente. También podrá poner algunas condiciones antes de su instalación. La principal que suele hacer en estos casos es que se respete la intimidad de los vecinos de forma que las cámaras no graben domicilios privados y que las imágenes sean perfectamente custodiadas. Estas irán al centro de seguridad del Ayuntamiento, al igual que existe con otros puntos ya vigilados por cámaras en la capital. Hasta el momento, hay cuatro puntos: el museo al aire libre del paseo de la Castellana, la zona de Lavapiés, la plaza Mayor y los alrededores de la Gran Vía.

El precio de estas nuevas cámaras supondrá unos 600.000 euros que sufragará íntegramente el Consistorio. “Está demostrado que su instalación supone que se reduzca un mínimo de un 10% en las incidencias y en los requerimientos de la policía”, ha explicado el concejal de Seguridad, Enrique Núñez. Los puntos han sido seleccionados por la policía tras analizar los lugares más conflictivos en función de las denuncias por hurtos, entre otras infracciones penales.

El portavoz de Seguridad en el grupo municipal socialista, Pablo Rojo, ha criticado la decisión de Ana Botella y su equipo de gobierno: "Es un escándalo que se trate de suplir con cámaras la falta de efectivos de policía municipal, y la ausencia de coordinación con Delegación de Gobierno y Cuerpo de Policía Municipal en el distrito de Centro". "Esta zona necesita medidas integrales de convivencia en materia de seguridad ciudadana y en puntos negros de ejercicio de la prostitución a los que no se hace frente. Es un error intentar sustituir túristas por cámaras de videovigilancia, además de suponer una invasión de la intimidad en el espacio público", ha añadido.

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