“Quiero ver a la niña antes de morir”

En España hay miles de padres y madres, abuelos y abuelas que no pueden ver a sus hijos y nietos cuando se rompe la pareja porque el progenitor al que se le concede la custodia aparta a los pequeños de la otra familia. La justicia no da una respuesta adecuada en estos casos y las denuncias que se presentan acaban casi siempre en papel mojado.

Núria Pijoan es una mujer de Barcelona de 48 años que se encuentra en una situación parecida, pero mucho más dramática. El pasado día 11 le comunicaron que tenía un cáncer terminal, después de casi nueve años de luchar contra la enfermedad. Antes de morirse está batallando legalmente para que le dejen ver a una niña que en abril cumplirá cuatro años, cuyo padre biológico es su expareja y que fue concebida en un vientre de alquiler en Estados Unidos.

La pareja inició su relación afectiva en 2005 y en abril de 2010 nació la pequeña. Justo al cabo de dos años la relación se rompió sin que la mujer hubiese sido reconocida como madre adoptiva por el tiempo que se tarda en formalizar este trámite en los casos en los que se ha recurrido a un vientre de alquiler —una práctica ilegal en España—, pues antes debe concederse la nacionalidad española al bebé nacido en el extranjero.

Al principio la mujer podía seguir viendo a la pequeña, pero en julio de 2012 él se lo impidió. Fue entonces cuando Núria acudió a los tribunales para reclamar seguir teniendo contacto con la niña, aunque no fuese su madre biológica ni adoptiva. El Juzgado de Primera Instancia número 15 de Barcelona le dio la razón parcialmente y reconoció en marzo de 2013 el derecho a ver a la pequeña una hora cada 14 días.

La pequeña nació

Sin embargo, eso no ha sido posible por la actitud del padre, quien estuvo unos meses sin determinar el punto de encuentro en el que debía producirse la visita. Después de varias advertencias del juzgado, finalmente se fijó un calendario que se iniciaba el pasado 19 de octubre para que las visitas se realizasen en el punto de encuentro de Girona, pero la actitud ha sido la misma. Desde entonces, el padre no se ha presentado a ninguna de las 12 visitas concertadas y no ha llevado a la niña al lugar acordado, al que telefonea el mismo día para anunciar que no acudirá.

El pasado mes de diciembre la mujer dio un paso más y lo denunció por la vía penal por un delito de desobediencia. “La justicia va muy lenta y de nada sirve que me den la razón si no puedo ver a la niña”, explica Núria Pijoan, quien matiza que no le resulta incomprensible la actitud del padre. “No por mí, sino por la niña”, añade.

El auto judicial fechado el 27 de marzo de 2013 que reconoció el derecho a las visitas explica que a la mujer “no se la puede considerar madre de la menor”, aunque precisa que en el proceso quedó demostrado que apoyó al padre en la experiencia del vientre de alquiler, viajó con él al menos en dos ocasiones a Estados Unidos y estuvo presente en el parto.

Después del nacimiento, tanto Núria Pijoan como su familia “tuvieron contacto con la menor suficiente… para considerarla una persona allegada a la menor hasta tal punto que no merece ser apartada de la niña de esa forma”. Por todo ello, la juez reconoce a la mujer el derecho a seguir viendo a la niña tras la ruptura de la relación sentimental.

La juez reconoció

La juez relata que pese a que la mujer estaba separada de otro matrimonio del que nacieron dos hijos que ahora tienen 12 y 17 años, tuvo con el padre una relación de pareja innegable, hasta el punto de que en el proceso quedó acreditado que intentó ser inseminada artificialmente para quedar embarazada y que incluso no realizó un tratamiento contra el cáncer de mama que sufría desde 2005 para no quedar infértil.

Entonces le fue extirpado un pequeño tumor en el pecho que se le reprodujo en abril de 2007 y que derivó en una mastectomía. En diciembre de 2012 se le detectó metástasis y fue sometida a varias sesiones de radioterapia y quimioterapia que no detuvieron el cáncer.

Uno de los últimos partes médicos del Hospital General de Catalunya, fechado el pasado 18 de febrero, constata “la progresión de la enfermedad” y que el tratamiento no ha hecho efecto, por lo que se pasa directamente a los medicamentos paliativos.

La inseminación artificial que derivó en el nacimiento de la niña costó unos 125.000 euros que abonó el padre, de 43 años, profesor de economía y empresario en diversos sectores. El padre argumentó durante el proceso judicial que la mujer “no ha tenido nada que ver en el proceso de nacimiento” de la niña y que “no es madre de la niña ni allegada a esta, por lo que no le corresponden visitas”.

Núria acompañó a

El hombre también argumentó que solo eran novios y que la maternidad de la niña era “un proyecto único suyo”, pero la juez insiste en que se trataba de una relación de pareja estable conocida por las familias de ambos y los dos hijos ella.

El hombre negó ayer a EL PAÍS las acusaciones de Núria Pijoan, a la que a su vez acusó de tergiversar los hechos, y se negó en redondo a realizar más valoraciones sobre los hechos. También anunció la difusión de un comunicado que al cierre de esta edición no se produjo.

Antes de que la juez decidiera sobre el régimen de visitas encargó un informe psicológico del hombre y la mujer para valorar el vínculo existente entre Núria Pijoan y la pequeña. El padre explicó que consideraba “invasivas” las visitas de su expareja y que temía que la mujer se posicionase como figura materna.

Por eso decidió no seguir permitiendo que viera a la niña y la denunció ante los Mossos d’Esquadra por intromisión. Los psicólogos definen al hombre como un padre que educa a la niña “desde el afecto y las normas, con unas ajustadas habilidades parentales”. También relatan que está convencido de realizar un proyecto familiar monoparental y que desea crear una familia numerosa siguiendo el mismo procedimiento.

En relación a Núria Pijoan, los psicólogos aseguran que “el vínculo afectivo entre ella y la niña existe” y que presenta “unas capacidades maternales ajustadas a las necesidades y a la peculiar situación familiar”.