Un juez de Vigo condena a UGT por vulneración de la libertad sindical

UGT Galicia ha sido condenada por “vulneración de la libertad sindical” y obligada a reponer en sus puestos a los miembros de la ejecutiva comarcal de Vigo elegida en un congreso el pasado septiembre. El titular del Juzgado de lo Social número 2 de Vigo, Germán Serrano Espinosa, considera ilegal la decisión de los dirigentes del sindicato en Galicia de anular los resultados del congreso y de reemplazar a la ejecutiva elegida por una gestora. Para el juez, la actuación de la cúpula de UGT Galicia supuso un “ejercicio antidemocrático del funcionamiento interno de los sindicatos” y, por tanto, “una violación o lesión directa de la libertad sindical de los afiliados y cargos sindicales afectados”.

El conflicto tiene su origen en la sanción impuesta el año pasado al entonces secretario comarcal de UGT en Vigo, Antonio Juste, a quien la organización inhabilitó durante ocho años para ejercer cargos sindicales. La central actuó contra Juste después de que este denunciase en comunicaciones internas el elevado gasto en dietas y sueldos de miembros de la ejecutiva mientras se estaba aplicando un ERE a algunos de sus trabajadores.

A Juste se le envió una acreditación para que pudiese acudir como simple invitado al congreso comarcal convocado para elegir una nueva dirección, el pasado 27 de septiembre. Cuando lo supo la dirección de UGT Galicia, trató de forzar la suspensión del congreso. Incluso se produjo un altercado a la entrada de la asamblea ya que, en el momento de la votación, dos miembros de la ejecutiva gallega intentaron sin éxito entrar a la sala para evitar que el proceso siguiese adelante. Días después, UGT Galicia destituyó a la ejecutiva que había ganado el congreso, por 56 votos frente a 37, y nombró una gestora. La ejecutiva disuelta presentó entonces recurso judicial.

El juez entiende que la presencia de Juste en el congreso como simple invitado “no podía tener ninguna incidencia en el desarrollo democrático del mismo” y subraya que además el exsecretario comarcal ni siquiera estaba presente en el momento de la votación. Entiende que todas las decisiones tomadas a partir de ese momento fueron ilegales y antidemocráticas, por lo que ordena disolver la gestora, reponer a la ejecutiva que respaldaron los delegados e indemnizar a sus miembros con 2.420 euros por los gastos de su abogado.