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Linares clama contra el desmantelamiento de sus industrias

Miles de personas y todos los grupos políticos exigen los compromisos de las administraciones tras el cierre de Santana Motor

Ginés Donaire
Una vista de la manifestación celebra en Linares.
Una vista de la manifestación celebra en Linares.José Manuel Pedrosa

Pocas ciudades están sufriendo con mayor virulencia las consecuencias de la crisis como Linares (62.000 habitantes, Jaén). El cierre hace tres años de la factoría automovilística Santana Motor, tras medio siglo de actividad en la comarca, supuso la puntilla a un devastador proceso de desindustrialización que se ha llevado por delante en los últimos años más de 7.000 empleos y que ha dejado una tasa de paro que ronda el 50%. Un escenario contra el que se rebela la sociedad linarense, que este sábado ha vivido una jornada reivindicativa para clamar contra la desindustrialización y por un futuro más esperanzador.

Miles de ciudadanos –más de 5.000 según fuentes municipales- han participado en una manifestación marcada por la unidad de acción de toda la sociedad linarense. La protesta estaba convocada por la plataforma ciudadana Linares por su futuro, integrada por todos los grupos políticos con representación municipal, los sindicatos, los comerciantes y empresarios, las asociaciones de vecinos y la ciudadanía en general. La marcha, que transcurrió desde el monolito del Minero (símbolo del esplendor de la ciudad en la primera mitad del anterior siglo) hasta la plaza del Ayuntamiento, concluyó con varias interpretaciones musicales, una suelta de globos y la lectura de varios manifiestos reivindicativos. “Queremos llamar la atención de todas las administraciones, en especial la central y la autonómica, para que cumplan con sus compromisos y frenen el desmantelamiento del tejido productivo”, proclamó el alcalde de Linares, el socialista Juan Fernández.

Entre las principales reivindicaciones se encuentra la exigencia a la Junta de Andalucía para dar cumplimiento al llamado Plan Linares Futuro, diseñado como alternativa al cierre de Santana Motor y por el que la Junta se comprometió a atraer media docena de empresas y recolocar a otros 240 trabajadores de la extinta factoría de todoterrenos. La crisis ha frenado la llegada de esas industrias, vinculadas en su mayoría a las energías renovables, y las que sí han ocupado las instalaciones del viejo parque empresarial no han asumido los compromisos de contratación. Pero el alcalde culpa también a la Junta de dilatar ese plan por “la burocracia y la poca operatividad” de sus gestores.

Linares reivindica también la culminación de proyectos que se alargan en el tiempo, como el Puerto Seco o la autovía A-32 que conecta con el Levante. “Sabemos qué queremos, tenemos preparación como ciudad y somos capaces de hacerlo, pero también necesitamos que se nos faciliten los mecanismos”, manifestó el alcalde linarense, tras lamentar que apenas dos de cada 10 personas en edad de trabajar lo hacen realmente. El municipio de Linares apenas tiene agricultura y cualquier diversificación productiva está relacionada con la industria.

Pero la sombra de Santana Motor sigue siendo muy alargada en Linares. No en vano esta industria llegó a contar con 5.000 empleos directos y otros tantos indirectos, que hicieron de esta ciudad uno de los principales polos industriales del norte de Andalucía. Más allá del plan industrial para atraer nuevas empresas, los sindicatos reclaman también que se cumplan los compromisos con el millar de trabajadores que abandonaron la factoría y su parque auxiliar tras su cierre en febrero de 2011 por la Junta, que era su propietaria desde 1994 tras la espantada de la multinacional Suzuki. Ya se han abonado las prejubilaciones a los casi 800 empleados mayores de 50 años y también se ha cumplido con buena parte de las indemnizaciones abonadas a los trabajadores no incluidos en el Plan de Acción social. Sin embargo, el sindicato UGT ha advertido que acudirá a la vía judicial para reclamar las recolocaciones con los empleados que fueron despedidos antes de cumplir los 50 años.

Apenas la mitad de los 80 afectados han sido recolocados y la otra mitad aguarda su reinserción aunque la mayoría ya ha extinguido sus prestaciones.

 

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