El Parlament avala gracias a CiU, PSC y PP privatizar la publicidad en TV-3

La intención de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) de privatizar el Departamento Comercial de TV-3 logró ayer el aval del Parlament. La votación provocó una mayoría poco frecuente esta legislatura: el aval a la cesión de la publicidad en TV-3 prosperó gracias a Convergència i Unió, Partit dels Socialistes (a excepción del crítico Joan Ignasi Elena), y el Partido Popular. Los tres partidos se reparten el consejo de Gobierno de la CCMA, el ente gestor de los medios públicos, y justificaron la medida para garantizar la supervivencia de la televisión pública. El voto del PSC fue especialmente criticado por el resto de partidos.

La externalización se votó en dos mociones: en la primera, del PSC, se reclamaba que la concesión se hiciera por concurso público y se garantizara la continuidad de los actuales trabajadores de esta área, así como la permanencia de sus condiciones laborales. La segunda, de Ciutadans, suponía un rechazo explícito a la cesión, que los tres partidos presentes en la CCMA evitaron que prosperara.

Los trabajadores de TV-3, en pleno conflicto por la renovación de su convenio colectivo, entienden que la privatización de la publicidad es una muestra de la voluntad del Gobierno de desmantelar TV-3, un diagnóstico que comparten Iniciativa y Esquerra. El socio parlamentario de CiU ha hecho de los medios públicos un caballo de batalla, ya que su ausencia en el comité de Gobierno de la CCMA le permite aprovechar estos debates para ejercer de oposición.

La CCMA tiene dos aspirantes para la concesión del Departamento Comercial: el grupo Godó y el Grupo Zeta. Los trabajadores y los partidos contrarios a la privatización dan por hecho que Godó logrará la concesión, de un máximo de 16 millones de euros en seis años. En la CCMA también se considera que el grupo Godó, propietario de la televisión privada catalana 8TV, es el que tiene más números para hacerse con el concurso. La cesión de la gestión de la publicidad a un grupo de la competencia enerva a los empleados, que según un informe realizado por ellos mismos calculan que TV-3 puede perder entre 17 y 25 millones de euros al año. La dirección de la televisión pública no da ninguna credibilidad a estas cifras y defiende que la privatización no supondrá ninguna pérdida. El debate es solo una de las derivadas del conflicto en el que llevan meses sumidos los medios públicos para renovar el convenio colectivo. Hoy los trabajadores de TV-3 votarán la última propuesta de la empresa para bajarles el sueldo.