El abogado de Blasco cuestiona todo el proceso del ‘caso Cooperación’

La defensa del exconsejero y exportavoz parlamentario del PP Rafael Blasco ha atacado este jueves a la fiscalía y a la Abogacía de la Generalitat en su alegato final en el primer juicio del caso Cooperación, en el que se discute la autoría del desvío de 1,8 millones de euros destinados al Tercer Mundo. El abogado de Blasco, Javier Boix, ha puesto en duda la actuación de todos cuantos han participado en la investigación de una causa en la que hay, en total, una treintena de imputados (nueve de ellos se sientan en el banquillo en este juicio) por un fraude que se eleva a ocho millones de euros. El letrado ha sostenido que la acusación se ha basado en la premisa de “pensar mal” y que el ministerio público, que solicita 14 años de cárcel para Blasco, ha estado durante todo el procedimiento “deslizándose sobre una gran bola” generada en buena parte por la prensa.

Boix, un acreditado penalista, ha presentado un largo informe exculpatorio, y se ha esforzado por presentar a Blasco como un “buen gestor” y, recurriendo a las palabras de un testigo, “una ONG andante”. Sus argumentos han parecido, sin embargo, insuficientes para contrarrestar el relato de las acusaciones sobre cómo una trama, dirigida presuntamente por Blasco y su aparente amigo empresario Augusto Tauroni, esquilmaron dos proyectos que debían financiar mejoras agrícolas en un municipio de Nicaragua, y otros tres proyectos de sensibilización pagados por la Generalitat.

La defensa ha puesto en duda la actuación de la policía, por haber “seleccionado las conversaciones” intervenidas, 60 de ellas entre Blasco y Tauroni, y haber enviado con retraso las grabaciones íntegras al juzgado. Ha atacado a la fiscalía (e indirectamente a la magistrada Nieves Molina, que dirigió la primera fase de la instrucción de la causa), por haber tenido a Blasco “como centro” de las pesquisas y no haber querido reconocerlo para no destapar la investigación inhibiéndose a favor del Tribunal Superior de Justicia valenciano, dado que Blasco era y sigue siendo diputado autonómico y por ello aforado. Y al Supremo, del que ha dicho que como “cualquier tribunal también puede equivocarse”, por haber avalado la decisión de la fiscalía de añadir un cuarto delito (el de falsedad) contra Blasco sin interrogarlo al respecto en fase de instrucción.

El letrado ha sembrado dudas especialmente sobre la actuación de la Abogacía de la Generalitat, que pide 11 años de cárcel para Blasco, por haber “asesorado” al ex director general de Cooperación Josep Maria Felip y “defendido” al exsubsecretario de la Consejería de Solidaridad, para pasar más tarde a acusarlos. Boix ha reprochado a la Abogacía “deslealtad” y ha ido elevando tanto el tono que ha sorprendido que no pidiese al tribunal una deducción de testimonio para que sus responsables sean procesados por varios delitos.

Todo lo anterior, según el letrado, habría producido “indefensión” y “quiebra de los derechos” del diputado.

La defensa ha destacado que Blasco empezó siendo imputado por cohecho y que, sin embargo, “la investigación patrimonial ha fracasado”. Y ha justificado el enfrentamiento que el exconsejero tuvo con los técnicos que se oponían a conceder las ayudas —en lo que se basa la acusación por tráfico de influencias— alegando que Blasco es “muy exigente en su trabajo”, y los funcionarios adolecían, en cambio, de “falta de competencia”.

El abogado ha sostenido que ninguno de los cuatro técnicos que participaron en aquella reunión declaró en el juicio haberse sentido “presionado” por el exconsejero. Por desgracia para su cliente, sin embargo, eso fue en realidad lo que aseguraron los cuatro.