García-Bragado asegura que apoyó el hotel del Palau por “interés general”

El hotel de lujo junto al Palau de la Música era un proyecto bueno para todos: para la institución musical, sí, pero también para Barcelona y para las Administraciones que, de una u otra forma, resultarían beneficiadas. En defensa de ese “interés general” justificó ayer Ramón García-Bragado las gestiones que hizo —como secretario del presidente Pasqual Maragall, primero, y como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, después— en ese proyecto. El hotel pinchó tras el estallido del escándalo del Palau y después de que los vecinos llevaran las irregularidades urbanísticas ante el fiscal.

Relajado y firme en sus respuestas, García-Bragado se ajustó al guion previsto durante las tres horas que duró su declaración en la Audiencia de Barcelona. El fiscal pide que sea condenado a cuatro años y siete meses de cárcel por “ocultar” que la operación urbanística no respondía al interés público, sino que beneficiaba, en realidad, a un particular: el hotelero Manuel Valderrama, que había comprado al Palau la titularidad de las fincas donde debía construirse el hotel. García-Bragado afirmó, sin embargo, que ignoraba ese dato: “Yo no sabía quién era el propietario de la finca. No fui informado”. El acusado se enteró, dijo, en verano de 2009, poco después de que los Mossos d’Esquadra registraran el coliseo modernista en busca de indicios de un expolio cifrado, hoy, en 26 millones de euros.

El ex concejal salió al paso de otra de las tesis del fiscal: haber cedido al influjo y el poderío de los que fueron máximos responsables del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull y haberles dado trato de favor para acelerar el proyecto. García-Bragado negó cualquier relación personal o de confianza con ellos. El fiscal le exhibió un correo electrónico en el que el ex número dos del Palau se dirige a él como “distinguido amigo”. “Yo a mis amigos les llamo por su nombre, no les digo distinguidos. No le conocía de nada, ni siquiera me había reunido con él”, justificó el ex concejal del PSC.

El acusado niega que tuviera una relación cercana con Millet y Montull

García Bragado admitió que, como responsable político, intervino en distintas gestiones sobre el proyecto del hotel. Suya fue, por ejemplo, una propuesta clave. Las fincas que en 2003 compró el Palau a la escuela La Salle Comtal —con el compromiso de hacer obras de mejora— estaban catalogadas como equipamiento escolar, de modo que no podía construirse el hotel. Se necesitaba una recalificación. En ese contexto, el entonces secretario de Presidència propuso unas fincas, propiedad de la Generalitat, en la calle Ciutat, que pasarían a ser catalogadas como equipamientos. Por la pérdida de valor (5,5 millones), la Generalitat iba a ser compensada por el promotor. De esa forma, explicó el acusado, también la administración autónoma “obtenía un beneficio económico” con la operación.

García-Bragado defendió que, en cualquier caso, nunca tomó la iniciativa. “Cuando me preguntaban la opinión, la daba”, justificó. Y alegó que esa y otras gestiones las hizo porque el hotel era “importante para la ciudad de Barcelona”. “Tomé las decisiones que tenía que tomar. Era un asunto claro de interés general”, abundó. Para Bragado, ni siquiera era tan relevante que el propietario fuera el Palau o un promotor privado, porque “lo importante” era que el Palau mejoraba su entorno, que la escuela tendría sus obras de reforma y que el Ayuntamiento dispondría de más vivienda pública.

A preguntas de su abogado, negó haber presionado a la ex concejal de Ciutat Vella, Itziar González, para que apoyara la aprobación del hotel. “En absoluto, no tenía ningún mecanismo para presionarla. Y votó a favor de todo”, dijo el ex concejal, quien recordó que González estuvo de acuerdo en cumplir el convenio y cumplir el hotel.

La ex concejal es uno de los testigos clave del caso y declarará en los próximos días. Además de Bragado, ayer declararon los otros dos responsables de Urbanismo del Consistorio que también se sientan en el banquillo y afrontan la misma petición de pena por falsedad y prevaricación: el ex gerente, Ramón Massagué, y el exdirector jurídico, Enric Lambies.