Las víctimas del metro insisten en acabar con la declaración de empleados de FGV

La Asociación de Víctimas del Metro-3J ha recurrido, a través de su abogado, la decisión de la juez instructora Nieves Molina de no suspender los testimonios de trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en tanto no facilite al juzgado su verdadero organigrama y las funciones de cada uno de los trabajadores cuando ocurrió el accidente en el que murieron 43 personas.

El abogado de la AVM3J, Vicente Baeza, pidió el aplazamiento de las declaraciones hasta que llegase una información que considera vital para el caso y alegó que su ausencia atentaba contra la tutela judicial efectiva y causaba indefensión a los representantes de las víctimas. La juez rechazó la solicitud.

El recurso argumenta que fue el 28 de febrero cuando se supo que la estructura de FGV no era la conocida hasta aquel momento, “pues no solo existía un taller sino tres”, según se deducen de las últimas declaraciones de los testigos. También se dedujo del testimonio de los trabajadores que había más de una oficina técnica por encima de ellos, "que figuraban como responsables de planificar las revisiones de los trenes y las balizas", prosigue la AVM3J.

“Seguir interrogando trabajadores que continuamente se remiten a sus oficinas técnicas, o que no saben o recuerdan, no es propio de la investigación que marcó la Audiencia Provincial de Valencia”, se quejan las víctimas.

Baeza se ha negado en más de una ocasión a interrogar a los testigos e incluso ha faltado a alguna de las declaraciones. La fiscal, a pesar de que instó la reapertura del caso, tampoco ha asistido a alguna de las comparecencias, sin que su portavoz haya explicado el motivo a preguntas de este diario.

Según la AVM3J, “la información que con cuentagotas está ofreciendo FGV a pesar de los requerimientos que se hacen, pone de manifiesto que la declaración del perito [que destapó la existencia de más departamentos]” no procede de su animadvesión hacia la compañía de transporte pública, sino a su obligación de decir la verdad en sede judicial.

El abogado diferencia entre la actitud colaboradora de los testigos de FGV que declararon antes del testigo que reveló el pasado 28 de febrero que había más de una oficina técnica y “la actitud obstruccionista y entorpecedora de la instrucción que con total impunidad realiza FGV”.

La defensa de la asociación de víctimas insiste en la necesidad de suspender las declaraciones tras conocer además que el volcado de los datos de la caja negra de la unidad de metro siniestrada el 3 de julio de 2006 en la línea 1 de Valencia “creaba cuatro documentos”. La tesis defendida hasta la fecha por la compañía es que el volcado de la caja negra –que se realizó solo unas horas después del accidente, en las oficinas de FGV por expresa petición de la gerente, y sin presencia judicia- borró los registros.

“La sensación es que estamos dando palos de ciego. La instrucción avanza muy lentamente, pero las etapas se queman a velocidad vertiginosa, y así la tutela judicial efectiva no se respeta”, concluye el recurso del abogado de la asociación.