Anticorrupción recurre el auto de Alaya en el que solicita investigar al Parlamento

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el auto de la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, en el que acordaba pedir al Parlamento de Andalucía documentos sobre el conocimiento que la Comisión de Economía pudo tener de las llamadas transferencias de financiación, utilizadas para pagar las ayudas investigadas.

En el recurso de apelación interpuesto ante la Audiencia Provincial de Sevilla, el ministerio público recurre la decisión porque, en primer lugar, entiende que la Intervención General "no tiene ni competencias ni funciones sobre la labor encomendada a las Cámaras legislativas, ni estatal ni autonómicas, estando dicha materia fuera del ámbito de competencias y funciones definidos" en el artículo 11 del Real Decreto 256/2012 de 27 de enero por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, informa Europa Press. Por este motivo, Anticorrupción considera que la solicitud de la juez "no es ajustada a Derecho", mientras que en segundo lugar recurre el auto al no estar de acuerdo tampoco con la "finalidad" por la que se acuerda la pericia, que fue acordada por Alaya después del escrito presentado por el abogado Juan Carlos Alférez, que defiende a un responsable de la agencia andaluza Idea imputado en el caso.

En este sentido, la fiscalía considera "comprensibles" las peticiones realizadas por el letrado de este ex alto cargo, ya que "se trata de poner de manifiesto el posible conocimiento por las instituciones de la Comunidad Autónoma del uso de las transferencias de financiación y la finalidad dada a los fondos públicos con que se dotó a la Consejería de Empleo, en este caso, centrándose en la Comisión del Parlamento andaluz y en este mismo Parlamento en cuanto a la aprobación del presupuesto y el examen y aprobación de la Cuenta General" de la comunidad.

Mercedes Alaya busca aclarar si los diputados que formaron dicha comisión debatieron sobre el fondo de los ERE, ya que año tras año la partida fue incluida en los Presupuestos del Ejecutivo autónomo. Lo llamativo es que de esta comisión formaron parte 51 parlamentarios, entre ellos al menos una veintena del PP, incluido el ex secretario general regional José Luis Sanz, y tres de IU. Es decir, la investigación de Alaya atañe por primera vez a dirigentes del Partido Popular, que ha hecho del caso su principal arma como oposición, y que pudieron debatir los detalles del fondo de los ERE antes de su inclusión en la Ley de Presupuestos del Parlamento.

Eso sí, la investigación de Alaya respecto a los diputados, que realizará la Intervención General del Estado, se limita a pedir los diarios de sesiones de la comisión, pero rechaza identificar a los parlamentarios. En un auto anterior, Alaya exculpó al Parlamento sobre su responsabilidad en el conocimiento de la partida de los ERE.