El fiscal denuncia “infracciones penales” en las cuentas del tranvía de Parla

La fiscalía del Tribunal de Cuentas ha elaborado un informe demoledor sobre las cuentas del Ayuntamiento de Parla, del PSOE, y la inversión que este hizo en su tranvía. Tras analizar toda la documentación y el exceso de gasto sobre esta obra —que ha cambiado la fisonomía de esta ciudad de 124.000 habitantes—, el fiscal considera que hay indicios de que se han podido cometer “infracciones penales” y entiende que debe remitirse toda la documentación a la Fiscalía del Tribunal Superior de Madrid para su “persecución penal”.

El fiscal no dice que alguien se haya quedado con el dinero, sino que hay un exceso presupuestario no previsto y que algunas partidas se salen de los requisitos contables y legales, por lo que hay que investigar la gestión de este dinero. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que depende del fiscal general del Estado, sostiene en su informe que hubo una clara “desviación” de dinero al margen de la ley en el pago, ya que entre el coste inicial previsto (103,4 millones) y el real (142,5) hay una gran diferencia económica: casi 40 millones de euros.

La idea de construir un tranvía en Parla fue adoptada por el pleno del Ayuntamiento en 2004, cuando era alcalde Tomás Gómez, actual secretario general del PSOE de Madrid. Luego dimitió como regidor para hacerse cargo de la secretaria general, y fue en ese momento, ya con otro alcalde (José María Fraile, también del PSM), cuando surgió la necesidad de afrontar el descomunal sobrecoste del tranvía.

El PP presentó entonces una querella contra Gómez por la supuesta desviación de dinero público, pero fue desestimada por los jueces porque el entonces alcalde no votó en el pleno la modificación presupuestaria al ausentarse “de forma justificada”.

Las ayudas del Estado terminaron en subvenciones a la concesionaria

El informe del fiscal que revela EL PAÍS es de noviembre de 2012, pero es el único vigente en este momento en el Tribunal de Cuentas y el que tiene sobre su mesa el instructor que investiga las obras para determinar si los gastos se ajustaron a los requisitos legales y si el dinero fue a su destino legal. Además, hay otro informe, también sobre el tranvía que apunta a una grave “responsabilidad contable”. En concreto se refiere “a un pago por parte del Ayuntamiento a la Sociedad Anónima Tranvía de Parla de una cantidad superior a la debida, ascendiendo el exceso a 1,2 millones de euros”, señala el estudio.

La fiscalización incide, además, en “la existencia de pagos indebidos en materia de retribuciones de personal del Ayuntamiento (...), hechos por los que se siguen las diligencias preliminares 144/12 del Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento”.

No solo es la fiscalía la que advierte de que puede haber irregularidades contables, e incluso ilícitos penales, en las cuentas de Parla. La Abogacía del Estado también ha remitido un informe al Departamento Séptimo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas que lleva este asunto, en el que señala: “Analizados los pagos [hechos por el Ayuntamiento] a la Tranvía de Parla, SA, [la adjudicataria] declarados como destino del endeudamiento extraordinario [el Consistorio tuvo que pedir financiación extra e incrementó su nivel de duda], se observa que se abonó el importe bruto sin deducir los descuentos que se hacen constar en los correspondientes documentos por 1,2 millones de euros”. La Abogacía sostiene, en definitiva, que “se pagaron 8,3 millones de euros, cuando debieron haberse satisfecho 7,1”.

Tras hacer el tranvía, Parla se topó con que no tenía suficiente dinero para pagar las obras, y menos el incremento de las mismas (de 103 millones iniciales a casi 143). El informe provisional de este tribunal sobre las cuentas de Parla destaca que el 54% de la financiación especial de 17,8 millones de euros que pidió el Ayuntamiento para hacer frente a sus deudas fue destinado “a pagar a dos acreedores: 8,3 millones para la sociedad Tranvía de Parla y 1,4 millones a una compañía de distribución eléctrica”.

Según el informe del Tribunal de Cuentas, “la mayor parte de los importes satisfechos” a la adjudicataria “no se corresponden a facturas por prestación de servicios propiamente dichos, sino a subvenciones, tanto para la explotación como para inversiones, vulnerándose el espíritu establecido en el RDL 5/2009”.

El municipio es el que más facturas impagadas tiene de España por vecino

Es decir, en plena crisis económica, el Gobierno central dictó un decretó que permitió a algunos ayuntamientos elevar sus niveles de deuda, pero dentro de unos límites y con la finalidad de pagar facturas atrasadas. Sin embargo, el tribunal hace hincapié en que, en el caso de Parla, parte del dinero fue destinado a subvenciones para la sociedad adjudicataria del tranvía, lo que vulnera el citado decreto, siempre según un informe de este alto tribunal estatal. De hecho, otra fiscalización del Tribunal de Cuentas destaca que Parla es el Ayuntamiento con más facturas impagadas de España: cada uno de sus habitantes debe 2.047,9 euros.

Una vez que el instructor acabe su trabajo, lo elevará a la Sección de Enjuiciamiento para que esta determine el alcance de las irregularidades, si finalmente se acreditan, y exija a quien corresponda la devolución del dinero o, en cambio, entiende que, aunque sea una obra ruinosa, nadie se quedó con dinero y lo archiva por entender que se trata de una decisión política, nefasta, pero política.