L’Alcalatén clama por justicia a los siete años de su gran incendio

La Justicia todavía no ha saldado cuentas con los causantes del devastador fuego que en agosto de 2007 arrasó 7.400 hectáreas en seis municipios de la comarca de L’Alcalatén. La magnitud de la tragedia, con centenares de vecinos afectados, ha eternizado una causa que este sábado tendrá una cita clave: cerca de doscientas víctimas decidirán si pactan indemnizaciones y abandonan el juicio o si optan por ir hasta el final y sentar en el banquillo a los acusados. La fiscalía reclama dos años y seis meses de prisión para cuatro trabajadores de Iberdrola y seis de la subcontrata Montelpa por un presunto delito forestal por imprudencia grave.

En su escrito, redactado hace más de dos años, la fiscal acusa a los operarios (y a sus superiores) que provocaron el fuego por unas obras en una línea eléctrica sin solicitar los correspondientes permisos cuando la probabilidad de ignición era del 90%. La falta de medios les llevó incluso a abandonar la zona en búsqueda de cobertura para poder llamar al 112.

En estos siete años ya se han apartado de la causa los ayuntamientos afectados que optaron por pactar indemnizaciones a la baja. También se ha retirado la Diputación de Castellón al cobrar los gastos derivados de los trabajos de extinción (unos 200.000 euros). Y lo mismo han hecho 400 de los 900 particulares que acudieron a la fiscalía. Quedan en la causa unos 200 afectados y la Generalitat, que no ha concretado los términos de su personación. Iberdrola ha descartado hacer declaraciones.

El caso está en el juzgado Penal 3 de Castellón desde enero de 2013. El colapso judicial hace que todavía no haya fecha de juicio para una causa que tiene más de veinte tomos (uno para el escrito fiscal) y en la que están en juego dos millones de euros en indemnizaciones, tal y como han informado desde el Tribunal Superior de Justicia valenciano. El 1 de marzo los vecinos decidirán por unanimidad el camino a tomar. “Si uno solo decide continuar la demanda, continuaremos”, dice Pedro Gozalbo, presidente de la asociación que engloba a los afectados. Según explica, la tardanza del proceso, la edad de muchos de los afectados, la necesidad de dinero y, sobre todo, la sensación de estar luchando contra un gigante (Iberdrola) han llevado a muchos a desistir, pero hay unos cien dispuestos a sentar en el banquillo a los acusados.

Carmela Forés es una de ellas. Aunque aceptará lo que decida la asamblea asegura que quiere que se asuman responsabilidades. “Estoy dispuesta a pactar pero esto pasará por que asuman la culpa del incendio, no tuvieron ningún respeto por la zona en la que trabajaban”, dice. A Forés esta tragedia medioambiental le rompió las ilusiones, como ella misma dice. “Me compré una masía (en Les Useres) cinco días antes del incendio, me duró quince días”. En estos años ha trabajado duro para recuperarla pero es imposible: “Jamás lo voy a ver como lo compré”. Ella también recibió la oferta de la aseguradora (lleva años intentando cerrar acuerdos). “Me ofrecían 3.000 euros, es de chiste”, dice.

A Joaquín García el fuego se le quedó al límite de sus fincas y lleva años trabajando por recuperar la zona. El pasado viernes participó en una de las tantas reforestaciones que se hacen desde entonces. “Todo eso (dice mirando al monte) era un bosque, ahora solo hay matorral”, se lamenta. García sí está de acuerdo con lo que le ofrecen a cambio de no ir a juicio pero afirma que le gustaría llegar al final. “Es luchar contra un gigante”, reconoce. Otros, la mayoría, se han quedado en el camino. “Me dieron unas pelas y las cogí, no era mucho pero me conformé, el daño ya estaba hecho y me era muy difícil ir a juicio por mi edad”, relata Laurentino Porcar, otro vecino de Les Useres.