Ciudad de la Luz ha gastado cerca de un millón de euros en abogados

La denuncia planteada ante la Unión Europea (UE) por los estudios Pinewood, de Londres, contra la Ciudad de la Luz desembocó en una decisión de la Comisión Europea de mayo de 2012 que obliga a “desinvertir” los 265 millones que la Generalitat puso en el complejo cinematográfico de Alicante. En el pleito, en cuya resolución considera Bruselas que se produjo una “ayuda de Estado” que vulnera la libre competencia y obliga a vender las instalaciones, la empresa pública Ciudad de la Luz gastó más de medio millón de euros en los servicios del despacho de Garrigues.

Es solo uno de los conceptos en los que utilizó Ciudad de la Luz la asistencia de un gran despacho de abogados, según ha podido constatar la diputada socialista Eva Martínez, que ha tenido acceso a los contratos de la empresa pública por ese concepto, así como a un centenar de facturas. El coste de esos servicios externos suma 904.419 euros, según el cómputo de la parlamentaria, que los considera “otro despilfarro más de la entidad pública, sobre todo teniendo en cuenta que podría perfectamente haber utilizado los servicios de la abogacía de la Generalitat para su asesoramiento y defensa”.

El primer contrato de Ciudad de la Luz con Garrigues fue del año 2002 y se reducía al asesoramiento en materia fiscal y eventualmente en “proyectos especiales”. Hasta 2013, Ciudad de la Luz, SA, pagó a consecuencia de ese contrato y sus prórrogas un total de 211.392 euros. Pero hay otros contratos cuyo objeto es más concreto. Por ejemplo, el asesoramiento en la cesión de derechos de una producción sobre los Borja, cuyo coste fue de 40.600 euros.

“Los servicios podrían haber costado muchísimo menos”, dice Eva Martínez

O la intervención en el pleito de Ciudad de la Luz con Aguamarga Gestión de Estudios, SL, que era la empresa concesionaria y se negó a dejar el complejo cuando la Generalitat rescindió el acuerdo en 2010. Este contencioso desembocó en una sentencia, contra la que cabe recurso, que declaró resuelto el contrato con Aguamarga y la condenó a pagar 1,2 millones a la Generalitat. Ciudad de la Luz pagó 130.545 euros al despacho de abogados por ese y otros trabajos, como la asistencia en los actos de conciliación ante los juicios por despido de varios trabajadores. También pagó 18.146 euros por el asesoramiento que llevó a resolver un conflicto con la productora Castafiore, que había denunciado a Ciudad de la Luz por falta de pago.

Sin embargo, el coste más voluminoso corresponde al pago de servicios profesionales por la “consultoría para la representación de los intereses de la sociedad ante la Comisión Europea por presunta ayuda estatal del Gobierno valenciano”. Unos servicios prestados entre julio de 2007 y mayo de 2013, que en algunas facturas se reflejan como “asesoramiento jurídico ante la Comisión Europea en el procedimiento de investigación respecto de la denuncia presentada por Pinewood”. La cuantía total asciende a 515.892 euros.

“Ciudad de la Luz tiene un convenio suscrito con la abogacía de la Generalitat en virtud del cual, y a razón de 3.600 euros al año, la abogacía podría prestarle ese asesoramiento y defensa en juicio”, explica Eva Martínez. “Es un escándalo que gastemos y paguemos por unos servicios que podrían haber costado muchísimo menos, y que no deberían haberse producido si el Consell hubiera gestionado adecuadamente Ciudad de la Luz”.

Ciudad de la Luz tiene un convenio con la abogacía de la Generalitat

La diputada socialista añade que con menos dinero se podría haber contratado abogados para atender los pleitos. “Está contemplado que la abogacía de la Generalitat pueda contratar letrados temporalmente”, apunta. Martínez recuerda que, además de los 265 millones que hay que recuperar porque lo exige la UE, —lo que no será posible, pero obligará a vender el complejo cinematográfico de Alicante—, la empresa concesionaria, Aguamarga Gestión de Estudios, costó 22 millones de euros a Ciudad de la Luz por el pago del canon anual, con sus reiteradas novaciones, y de las dietas y desplazamientos de sus directivos.

“Ya denunciamos que la nefasta gestión de Ciudad de la Luz nos costó 22 millones de euros, para acabar en juicios por los que hemos pagado 130.000 euros”, comenta la diputada, que pedirá la comparecencia en las Cortes Valencianas de la consejera de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, “para que explique por qué hemos renunciado a utilizar medios propios de la Generalitat y hemos decidido pagar un millón de euros por servicios que podía haber prestado la Generalitat”.