Un correo revela el papel del alcalde de Castellón en la contratación con Gürtel

Alfonso Bataller, alcalde de Castellón, ha señalado este miércoles, en su declaración como imputado, a dos exconsejeros del expresidente de la Generalitat Francisco Camps como responsables de contratar con la trama Gürtel en 2008, cuando él era subsecretario de Sanidad. Bataller ha apuntado a Manuel Cervera y Luis Rosado, que entonces eran respectivamente consejero y secretario autonómico de Sanidad. Más tarde Rosado también fue ascendido por Camps a consejero. Ambos están ya imputados por fraccionar contratos concedidos a la red de Francisco Correa.

El alcalde de Castellón ha afirmado, tras declarar en el Tribunal Superior de Justicia que no le preocupaba “en absoluto” el aviso del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de que no habrá imputados en las listas de 2015. “Me parece muy bien”, ha dicho Bataller, y ha añadido que trabaja para volver a ser candidato.

Los hechos que se imputan a Bataller pueden constuir malversación, prevaricación y falsedad, según el juez

El alcalde de Castellón está, por ahora, doblemente imputado por sendas contrataciones con la red Gürtel.Y un correo electrónico recientemente aportado a la causa por una testigo ha revelado su alto grado de intervención en la contratación con la trama, a la que incluso indicaba cómo debía facturar a la Consejería de Sanidad.

Su declaración de este miércoles respondía a que, según los indicios que acumula el juez, Bataller “solicitó y autorizó” parte de la contratación en un pelotazo de menor cuantía de la trama en Valencia: la elaboración de un vídeo sobre la ampliación del hospital Clínico de Valencia y el acto de presentación del mismo que costó, en total, 70.700 euros.

El instructor destaca que Bataller ordenó pagar a la trama por caja fija, "una forma de pago cuestionable"

La adjudicación a dedo se fraccionó, en este caso, en seis pequeños contratos y se repartió por toda clase de departamentos de Sanidad con el objetivo, cree el juez, de disimular los hechos. El magistrado considera que fraccionar contratos puede ser constitutivo de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad, aunque aún no ha concretado estos tipos en ninguna de las decenas de imputaciones que suma la pieza quinta del caso Gürtel en Valencia.

Orange Market subcontrataba casi todos los trabajos que cobró al Gobierno valenciano en la etapa del presidente Francisco Camps. En el caso del vídeo del hospital Clínico, después de haber facturado a cuatro direcciones generales de Sanidad distintas por ese concepto, la red dio además “instrucciones” a “la empresa subcontratista” Grafia, la que realmente elaboró la cinta, para que cobrara directamente el trabajo de la subsecretaria que ostentaba Bataller, señala el juez. El concepto: “Animación 3D, ampliación Hospital Clínico Valencia”. La cifra, como todas las demás, justo por debajo de la frontera que prohibía a la Administración contratar directamente: 11.948 euros.

"Me dice Alfonso [Bataller] que emitáis la factura por 12.000 euros", señala el correo

El juez atribuye también a Bataller la decisión de que el pago al subcontratista “se realizara por el sistema de caja fija, forma de pago que resulta cuestionable atendiendo al concepto facturado”. La caja fija está pensada para abonar gastos diarios y menores, como el de transportes o una dieta, pero no contratos de la Administración de estas características.

El juez ha estado a punto de imputar al alcalde de Castellon por una tercera adjudicación a la trama de Francisco Correa. La de los premios Salud y Sociedad 2008. En este caso no ha encontrado indicios de que el contrato se fraccionara. Aunque su importe, de 11.992 euros repite el patrón de la relación de la red con la Admininistración autonómica, consistente en emitir facturas justo por debajo del límite de los 12.000 euros.

Sanidad pidió a Orange Market que rehiciera la factura por ser demasiado genérica. Poco después Garzón desmanteló la trama

Un correo electrónico aportado a la causa por una testigo sobre esos premios revela, en general, el conocimiento que Bataller tenía desde su cargo de subsecretario de esa clase de contratos. Y las órdenes directas que daba en relación con los acuerdos con Orange Market, la empresa del cabecilla de Gürtel Álvaro Pérez, El Bigotes, así como el tono familiar con el que aparentemente se trataban.

“Tal como hemos comentado por teléfono, me dice Alfonso [en referencia, según la investigación, al alcalde de Castellón] que nos emitáis una factura a conselleria por un importe total de 12.000 euros con fecha de 17 de diciembre, por vuestra participación en la coordinación y organización de la gala de entrega de los premios”, señala el correo. Éste fue enviado el 15 de diciembre de 2008 por una asesora del entonces subsecretario de Sanidad a Cándido Herrero, número dos de Orange Market.

Se trata de la misma asesora que recientemente responsabilizó a Bataller de los contratos de Sanidad con la trama, desencadenando su segunda imputación.

El enunciado de aquella factura —“Participación en la coordinación y organización de la gala de entrega de premios”— fue considerada demasiado genérico por la Consejería de Sanidad, según la asesora de Bataller, que pidió a Herrero que la rehiciera. El juez no ha podido constatar que la factura finalmente se pagase. Quizá porque muy poco después la operación policial lanzada por el juez Baltasar Garzón desarticuló el entramado de Gürtel.

La otra adjudicación por la que está imputado Bataller es la de los Premios Salud y Sociedad de un año antes. Respecto a la misma, el alcalde de Castellón ha afirmado este miércoles ante el juez José Ceres que él fue nombrado subsecretario de Sanidad en julio de 2007, los premios se entregaron un mes más tarde y todo el mundo tenía ya asumido que la organización correría a cargo de Orange Market. Bataller autorizó el pago de 30.190 euros a final de ese año a la empresa de la red por esa gala.