El fiscal pide ocho años de prisión para el ‘mosso’ acusado de agresión sexual

La Audiencia de Lleida ha juzgado este miércoles a J.A.B., cabo de los Mossos d'Esquadra y ex presidente del Ampa de la escuela de Vilanova de Segrià (Segrià), como presunto autor de un delito de agresión sexual a la madre de dos alumnos del colegio cuando aún no había empezado el curso escolar. La fiscal y la acusación particular han solicitado para el acusado una pena de 8 años de cárcel y una indemnización de 30.000 y 60.000 euros, respectivamente, y la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima por un tiempo superior a tres años de la posible pena de prisión que le imponga el tribunal.

Los hechos juzgados hoy tuvieron lugar el 9 de septiembre de 2011 en la sala de juntas del centro, cuando la víctima acudió al colegio para pagarle al que entonces era presidente del Ampa el dinero de los libros de texto de sus hijos. Entonces, según la fiscal, el acusado le dio un beso en el cuello después de decirle que estaba muy morena y que olía muy bien.

Según la acusación, ella se apartó, pero el acusado la agarró fuertemente por la mano y, con un "manifiesto ánimo lascivo", la llevó a una sala anexa, donde, tras cerrar la puerta, la empujó contra un mármol y mientras con una mano le sujetaba las de ella por detrás de la espalda, con la otra le tocó los pechos y llegó a introducirle al menos uno de los dedos en la vagina mientras efectuaba comentarios denigrantes de contenido erótico. Ella pudo zafarse de su agresor y salir corriendo.

El mosso está acusado de atacar a la víctima cuando fue a pagar al AMPA los libros de sus hijos

El acusado ha negado la agresión sexual y, a preguntas de la acusación particular, ha reconocido que solo le dio algunos besos y abrazos de forma consentida. "Fueron muy breves y muy cariñosos. No hubo tocamientos en genitales o zonas erógenas", ha afirmado el agente de la policía autonómica. La mujer, que ha declarado protegida por una mampara, ha ratificado los hechos denunciados.

A consecuencia de este episodio, la víctima sufrió graves secuelas por estrés postraumático, está en tratamiento psiquiátrico y farmacológico y ha sido declarada su incapacidad absoluta para realizar cualquier tipo de trabajo. La fiscal, en su informe final, ha elevado la responsabilidad civil de 15.000 a 30.000 euros en consideración a las graves secuelas sufridas por la víctima y ha interesado una sentencia condenatoria contra el acusado, que no ha sido apartado del servicio al haberse acreditado el delito imputado. El fiscal, sin embargo, considera acreditado el delito imputado por los informes de médicos y peritos y por la "coherente y persistente" versión de los hechos efectuada por la denunciante.