Alaya alude de nuevo al “imperativo legal” para corregir una decisión

Una nueva corrección por "imperativo legal". Es decir, por orden de la Audiencia de Sevilla. La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE fraudulentos, ha vuelto a emplear esta fórmula para corregir una decisión suya, en este caso su negativa inicial a imponer una fianza de responsabilidad a una extrabajadora de la Consejería de Empleo. No es la primera vez que Alaya alude al "imperativo legal" a lo largo de la instrucción. El pasado mes de diciembre tuvo que concretar los hechos que ella considera delictivos que le han servido para señalar a los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a otros cinco aforados, en la macrocausa.

En septiembre del año pasado, la juez los incluyó en un auto en el que les mencionaba sin concretar ningún hecho ya que no puede imputarlos al estar aforados. Tras el correctivo de la Audiencia de Sevilla, la juez, ya en diciembre de 2013, redactó otro auto en el que volvió a señalar a Chaves y Griñán, a los considera implicados en la rama política del caso (la aprobación de un procedimiento administrativo, las famosas transferencias de financiación, que permitieron que la Consejería de Empleo repartiera dinero durante una década de forma discrecional).

En esta segunda ocasión, la magistrada utiliza la fórmula del "imperativo legal" (poco común entre los jueces cuando tienen que corregir una decisión por orden de una instancia superior) por la imposición de una fianza a María José Rofa, que trabajó en la Consejería de Empleo y era conocedora del sistema con el que se daban las ayudas.

Cuando acudió al juzgado, Rofa se negó a declarar y, pese a esta decisión, la juez argumentó que su colaboración había sido esencial para esclarecer el caso, motivo por el que no le impuso fianza. Esta argumentación escamó a las partes en el caso, incluido el fiscal, ya que Rofa sí había declarado ante la Guardia Civil, pero su testimonio no estaba incorporado a la causa y, por tanto, en teoría, la juez tampoco conocía qué había dicho Rofa a los agentes.

El fiscal recurrió contra la decisión de no imponer una fianza, iniciativa que apoyó la Audiencia de Sevilla. Ahora Alaya rectifica su decisión inicial y fija una fianza civil de dos millones de euros. "Indiciariamente resulta acreditada su participación en estos hechos", subraya la juez. A continuación, matiza la magistrada que su participación vino por formar parte de la cadena de mando de la Consejería de Empleo, y exculpa en parte su actuación: "En su actuación se limitó a cumplir las órdenes de sus superiores, los directores generales Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera".

Por otra parte, la juez ha archivado las actuaciones contra Eva María Domínguez, un hecho inédito. Desde que surgió el caso Alaya siempre ha sumado nuevos imputados y hasta ahora no había archivado actuaciones. Domínguez fue secretaria hasta el año 2005 del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, que estuvo encarcelado hasta que pagó una fianza de 600.000 euros.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido la petición de archivo al considerar que "no queda suficientemente acreditada, atendiendo al estado actual de la instrucción, la participación" de la imputada en los hechos que le fueron atribuidos al inicio de su declaración el 12 de diciembre de 2013, informó Europa Press. Todo ello "sin perjuicio del resultado de las diligencias que se practiquen en relación al resto de piezas de esta causa", avisa la magistrada.