El PSOE recurre la ley de cierre de RTVV ante el Constitucional

“Se están hurtando unas libertades y derechos de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana a disfrutar de un servicio público esencial que estaban utilizando desde hacía 24 años”, señala el recurso de inconstitucionalidad del PSOE contra la ley de cierre de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Ese cierre limita el derecho de los ciudadanos a la participación, hurta a las Cortes Valencianas "la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación" públicos, y cercena tanto la libertad de expresión y el derecho a recibir información como "el derecho a expresarse y recibir información y contenidos audiovisuales en la lengua propia de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana", afirma el recurso, presentado este lunes ante el Tribunal Constitucional.

Se trata del segundo de los recursos anunciados por los socialistas contra las decisiones del Gobierno de Alberto Fabra que llevaron a apagar Canal 9. El primero se centró en el decreto de medidas urgentes para designar nuevos miembros del consejo de administración de RTVV tras la dimisión de Rosa Vidal como directora general. Aquel recurso ya está admitido a trámite. Este segundo recurso va contra la ley aprobada de urgencia en las Cortes Valencianas que dio cobertura al cierre de las emisiones y fue aprobada solo con los votos del PP.

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, y la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, acudieron al Constitucional a formalizar el recurso, que sostiene que el cierre de RTVV limitó "el acceso a los medios de comunicación públicos de la Comunidad Valenciana de los grupos sociales y políticos significativos" y no respeta el pluralismo de la sociedad y las diversas lenguas de España. También se han vulnerado, según el PSOE, la seguridad jurídica y el principio de interdicción de la arbitrariedad en los poderes públicos, así como la tutela judicial efectiva. La única motivación para liquidar RTVV, que “tuvo una de las tramitaciones más rápidas de las que se tiene conocimiento en el marco legislativo español”, fue, según el PSOE, “evitar actuar conforme a lo que se establecía” en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que anuló el despido de un millar de trabajadores.

Puig acusó a Fabra de haber “perpetrado un atropello democrático, social y cultural contra la dignidad de los valencianos”, criticó que el cierre se hizo “con nocturnidad y alevosía, sin atender a ningún criterio de parlamentarismo democrático” y aseguró que, cuando oye lo que está pasando en Venezuela y otros países, piensa “que no tiene nada que envidiarles Fabra a sus actitudes”. El secretario general de los socialistas valencianos, —que por la tarde acudió con la vicesecretaria general del PSOE y candidata a las elecciones europeas, Elena Valenciano, a visitar el colegio Ciutat de Cremona, de Alaquàs, donde los padres y madres de alumnos mantienen una protesta contra los recortes y la eliminación de unidades de infantil—, destacó un argumento del recurso que apunta la vulneración de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias y Regionales. La Comunidad Valenciana tiene 5,2 millones de habitantes, los mismos que Finlandia, indicó. “¿Alguien podría imaginar que ese país europeo no tuviera una televisión propia en finlandés?”, se preguntó.