Trabajadores de RTVV esperan al menos 33 días de indemnización

Como mínimo, 33 días de indemnización por año trabajado, y no los 20 que marca la ley. Si la extrabajadora de Canal 9 Clara E. F. logró esos 33 días en el acuerdo de conciliación alcanzado el pasado 8 de enero con la empresa, esas mismas condiciones se deberán tener en cuenta en las negociaciones que empiezan este viernes para despedir a alrededor de 1.600 empleados de RTVV. Al menos eso es lo que consideran trabajadores de la televisión pública, que inciden en que, además, la exempleada, recientemente contratada como asesora en Presidencia de la Generalitat, era interina. Despedida a mediados del pasado año, Clara E. F. cobró un total de 25.017 euros como indemnización el pasado mes de enero. La resolución de su nombramiento de asesora se publicó el pasado 23 de diciembre.

Sostienen que se deberán estudiar la obligatoriedad de las repercusiones jurídicas del acuerdo de conciliación tras la demanda presentada por la trabajadora, pero afirman que marcan un precedente en las conversaciones sobre el expediente de regulación por extinción de empleo. Se consideraría un agravio comparativo y un motivo para presentar demandas individuales y para cuestionar la buena fe negociadora que no se tuviesen presentes las condiciones ofrecidas a la extrabajadora, recuperada ahora por la secretaria autonómica de Comunicación y exdirectora de Canal 9, Lola Johnson.

Las negociaciones arrancan este viernes. Tras la declaración de nulidad del ERE por parte del Tribunal Superior de Justicia valenciano, que incluyó 12 argumentos para respaldar su sentencia, la consultora KPMG, a la que RTVV adjudicó el despido masivo, se ha tomado tiempo para prepararlas con detenimiento, cumpliendo los plazos.

Mientras tanto, el juzgado de instrucción número 20 de Valencia ha decidido remitir a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) las actuaciones realizadas en relación a una denuncia recibida de un trabajador de RTVV contra el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por malversación de caudales público ante la situación producida en Radio Televisión Valenciana, sin emitir desde el pasado 29 de noviembre, y donde los empleados están de "permiso retribuido", recibiendo sueldos sin ir a trabajar.

Esta instancia judicial, que incoó diligencias previas tras recibir la denuncia, ha remitido las actuaciones al TSJCV --el presidente de la Generalitat es aforado--, con informe favorable del fiscal. La remisión de traslado se hará efectiva una vez el auto en el que se adopta esta decisión sea firme, según han confirmado a Europa Press fuentes del alto tribunal valenciano.

En la denuncia, el particular pide que se compruebe la "ilegalidad" del permiso retribuido, la imposibilidad de calificación de salario de las cantidades abonadas y el "fraude ante la Seguridad Social por simulación de contrato". Según el comité de empresa, el coste de mantener la plantilla sin trabajar se eleva a 4,5 millones de euros al mes.