La policía pide al juez que someta a Carcaño a una prueba neurológica

La policía ha formalizado finalmente su petición al Juzgado de Instrucción Nº 4 de Sevilla, que mantiene abierta una pieza separada para la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo, para que se practique “una prueba clínica del potencial evocado cognitivo”, conocido como P300 o "test de la verdad", a Miguel Carcaño, quien actualmente cumple condena por el asesinato de la menor y que ha consentido previamente someterse a la misma.

El titular del Juzgado de Instrucción dará traslado de la mencionada solicitud al ministerio fiscal, a la representación legal de la familia de la menor así como a la representación de Miguel Carcaño para que se pronuncien oficialmente sobre la solicitud, según fuentes judiciales.

Los agentes pretenden hallar con esta prueba el cuerpo de Marta del Castillo, que sigue sin ser localizado. Si todas las partes la admiten, podría solicitarse el traslado de Carcaño al hospital Miguel Servet de Zaragoza, un centro en España donde se realiza.

Este test pretende averiguar si Carcaño conserva en el cerebro los datos del paradero del cuerpo de la joven asesinada el 24 de enero de 2009.

La prueba, que se aplicó por primera vez en diciembre al presunto asesino de una mujer desaparecida en Ricla (Zaragoza), según explicó José Ramón Valdizán, ex jefe del servicio de neurofisiología del hospital Miguel Servet, consistiría en obtener de Carcaño un electroencefalograma que registraría su respuesta cerebral a imágenes de los posibles lugares donde pudo enterrar el cadáver de Marta. En caso de que recordara alguno de esos emplazamientos, el cerebro emitiría un impulso eléctrico en 300 milisegundos (onda P 300) y en el aparato se proyectaría una onda más alta que si la imagen fuera desconocida para el individuo.

"Con la P300 extraemos información de memoria del sistema nervioso central. Los polígrafos o máquinas de la verdad, por otro lado, registran variaciones de frecuencia cardica y respiratoria que están controladas por el sistema nervioso autónomo, gobernado a su vez por el sistema nervioso central. Esta jerarquización hace que sea más fácil adulterar las respuestas controladas por la zona inferior", explicó Valdizán.

Esta prueba neurofisiológica, conocida como Potencial de Evocación Cognitiva, se lleva utilizando en investigaciones criminales desde hace 13 años. El primero en ultilizarla fue el científico americano Lawrence Farwell, quien, en una entrevista con EL PAÍS en diciembre pasado, aseguraba que el método tiene una fiabilidad del 99%. El investigador aseveraba que había sometido a un centenar de sospechosos a esta técnica, pero que una sola ocasión sirvió como prueba ante un tribunal. En ese caso, la técnica sirvió para sacar de la cárcel a Terry Harrington, acusado por un crimen que no cometió y por el que permaneció encerrado 23 años.

El Supremo admite a trámite el recurso contra la absolución de Samuel Benítez

Por otro lado, la sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso que los padres de Marta presentaron contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla en la que se absuelve, por segunda vez, a Samuel Benítez de un presunto delito de encubrimiento en relación al crimen de la joven sevillana.

Según la abogada que ejerce la acusación particular en nombre de los padres de la joven, Inmaculada Torres, el alto tribunal admite a trámite el recurso contra la segunda absolución y fija una vista para el 18 de marzo.La Fiscalía del Tribunal Supremo había solicitado que no se admitiera la impugnación de la familia. En su recurso, los padres alegaron la “falta de imparcialidad” del tribunal que dictó la sentencia absolutoria y pusieron de manifiesto que “los hechos probados son ilógicos, contradictorios y arbitrarios”, algo que no comparte el Ministerio Público.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial condenó a 20 años de cárcel por un delito de asesinato a Miguel Carcaño y absolvió al resto de acusados: Samuel Benítez, Francisco Javier Delgado y su novia, María García, lo que fue recurrido por los padres de Marta y la propia Fiscalía ante el Supremo.