Cifuentes recuerda que no puede cambiar el recorrido de las manifestaciones

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha pedido a la Comunidad de Madrid que le presente algún a propuesta encaminada a que no se concentren las manifestaciones en la Puerta del Sol, como criticó ayer el consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria. Cifuentes ha recordado que toda la regulación está sometida a una Ley Orgánica y que el departamento que ella dirige solo puede resolver de acuerdo a este ordenamiento.

La Delegada del Gobierno, que no ha querido entrar en polémica con el Gobierno regional, ha recordado que el artículo 10 de la Ley 9/1983 del derecho de reunión solo le permite prohibir las manifestaciones o modificarlas en caso de que pueda haber alteraciones de orden público o peligro para las personas o los bienes. Cifuentes ha mantenido que solo se han realizado 391 concentraciones en este espacio y que contaban su mayoría con la comunicación a la Delegación del Gobierno. “Si yo he priorizado algo es a los comerciantes de Sol y que no se vean afectados por estas manifestaciones. Pero por encima de todo esto está la legislación a la que yo debo someterme”, ha destacado la delegada.

Cifuentes ha lanzado una invitación a Salvador Victoria de forma que le presente una propuesta encaminada a reducir el número de manifestaciones en la mítica plaza madrileña. “Estaré encantadísima en recibirla y en estudiarla, porque creo que tengo el mismo interés que él, pero recuerdo que antes debo aplicar la ley”, ha añadido.

La delegada ha mantenido que en los dos años que lleva al frente de la Delegación de Gobierno los jueces solo le han autorizado la modificación de cinco itinerarios de concentraciones. Se trata de la denominada manifestación atea por Lavapiés en un jueves santo, la concentración ante el Congreso de los Diputados y en la Asamblea de Madrid durante las sesiones parlamentarias, la manifestación en el aeropuerto de Barajas, que es considerada una infraestructura crítica, y la de una asociación de transportistas que quería sacar a la calle 1000 camiones. En todos los demás casos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado en contra de las modificaciones de los itinerarios y horarios y ha condenado al pago de las costas judiciales a la Delegación.