Israel y Palestina juntos en el Paraíso

A pesar de la importancia de algunos de los artistas, al Pórtico do Paraíso lo han rodeado sombras desde sus inicios. Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Ourense –gobernado por el PSOE– han denunciado supuestas irregularidades en la financiación de un certamen musical que hasta el pasado año organizaba la Concejalía de Educación y no la de Cultura. La extrañeza se debe a que Cultura estuvo en manos del BNG hasta la ruptura del gobierno bipartito que regía la tercera ciudad gallega a causa de la operación Pokemon. Precisamente, el levantamiento del secreto de sumario que investiga la presunta trama corrupta de contratas públicas, ha destapado que este festival también sale en los pinchazos telefónicos de los empresarios del Grupo Vendex, que aportaron fondos a pesar de no salir en la lista de patrocinadores. La titular de Cultura, Ana Garrido, y el director del certamen, Juan Enrique Miguéns, defienden la absoluta legalidad de la gestión.

Democracia Ourensana (DO), con dos ediles en la corporación local, asegura que el director y su esposa “se reparten el pastel”. “Ella tiene una agencia [Shelly Art] que contrata a la mayoría de artistas”, facturando la intermediación y la gestión. De hecho, la última junta de Gobierno local acordó contratar la coordinación y la gestión a esta empresa por casi 18.000 euros. Además, la esposa del director registró la marca “Pórtico del Paraíso” y desde 2011 debe ser cedida mediante contrato. La concejalía organiza el certamen en colaboración con la asociación Pórtico Musical, integrada por el propio director y por cinco empresarios que se encargan de las donaciones privadas para el presupuesto. DO también cuestiona algunos gastos, como los 800 euros pagados en una sola cena con un artista. “El coste de las actuaciones suele rondar los 15.000 euros y el resto hasta los 60.000 que presupuestan se va a cuestiones dudosas” aseveran los ediles. Por su parte el PP, que también expresa sus dudas acerca del modelo de financiación, critica el “despilfarro” que supone la “privatización” de la organización del evento que, consideran, podrían realizar funcionarios municipales.