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El fiscal de Granada denuncia a cinco altos cargos de Urbanismo

El Ministerio Público detecta una posible comisión de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística

El fiscal ha denunciado a un promotor inmobiliario y a cinco altos cargos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada por la posible comisión de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística. La operación permitió la construcción de una discoteca con sala de fiestas y una pista cubierta de patinaje con bar en una zona verde del Plan General de Ordenación Urbana, junto al centro comercial Serrallo Plaza.

El Ministerio Público pide a un juzgado que incoe diligencias puesto que de su investigación se derivan “indicios racionales” de los delitos referidos, según consta en la denuncia que se formula contra el representante legal de Inversiones Área Sur y cinco cargos del Ayuntamiento: el director general de licencias, el director técnico de obras, el arquitecto jefe del servicio, la directora general de Urbanismo y el coordinador del área de Urbanismo y Obras. No incluye al alcalde, José Torres Hurtado (PP), dado que tenía delegadas las competencias en materia de urbanismo. Y tampoco a la concejal del área, Isabel Nieto, puesto que actuó conforme a los informes favorables. Pero tras la investigación, el fiscal concluye que se ha procedido a “una privatización del espacio público”.

Antecedentes

Los hechos se remontan a 2006 cuando se otorgó concesión administrativa para realizar un parque de atracciones infantil en una zona de espacios libres. Las sucesivas modificaciones para concretar ese proyecto permitieron varias edificaciones “sin solicitar licencia para ello”, explica el fiscal es un escrito. Posteriormente, a través de licencias de obra menor, se cubrió la pista de patinaje y se adecuaron interiormente dos pabellones destinados a restauración. Además, se arrancaron árboles para dar acceso a vehículos.

Con ello “se han ido cercenando paulatinamente el uso propio y público”, concluye el fiscal, que considera que se ha hecho “residual y limitado” el uso del parque frente a los usos lucrativos “implantados”. Cuando acabaron todas estas actuaciones, el director general de Urbanismo del Ayuntamiento puso de manifiesto, en enero de 2013, las ilegalidades. Pero ante ello se presentaron diversos informes con los que se “pretende argumentar la legalidad” de lo realizado mediante la interpretación “favorable a flexibilizar la introducción de usos ajenos a los espacios libres” en las parcelas afectadas, aclara.