La Audiencia absuelve a Pilar Sánchez por la contratación de cinco asesores

El caso Asesores ha acabado de muy distinta forma para los exalcaldes de Jerez Pilar Sánchez (PSOE) y Pedro Pacheco (Foro Ciudadano y antiguo PSA). Ambos, que compartieron gobierno local, se denunciaron mutuamente en los juzgados por supuestos casos de enchufismo y ambos han tenido que sentarse en el banquillo de los acusados para responder de la colocación en el Ayuntamiento de compañeros de partido. Sin embargo, la socialista Sánchez ha sido absuelta y el histórico andalucista fue condenado a cuatro años y medio de prisión y ocho de inhabilitación.

La principal diferencia entre ambos casos es el delito de malversación. La Audiencia de Cádiz considera probado que los militantes contratados por Sánchez fueron cada día a sus puestos de trabajo mientras que la sala falló que las dos personas colocadas por Pacheco cobraron más de 200.000 euros en dos años sin que se demostrara en juicio que hicieran trabajo alguno. El propio exregidor declaró en la vista que uno de los contratados le llegó a asesorar “cuando corrían”.

El tribunal tampoco considera que Sánchez cometiera delito alguno al contratar en el Ayuntamiento a cinco compañeros de partido entre 2005 y 2011, pero sí falló que el veterano Pacheco se saltó todos los procedimientos al nombrar como asesores de sociedades municipales a dos militantes del Partido Socialista de Andalucía (PSA).

La sección octava de la Audiencia de Cádiz dar por finalizado así un caso que ha enfrentado en los juzgados desde hace años a quienes en su día fueron socios de gobierno en el Ayuntamiento de Jerez. La sala ha emitido este jueves la sentencia que exculpa a la exalcaldesa Sánchez. La sentencia, en varias ocasiones, cuestiona el sistema de colocación seguido en el Consistorio, pero concluye que “no queda probado” que los fichajes de la socialista fueran “nombramientos a dedo”.

En la resolución, los magistrados marcan una clara diferencia entre la firma de los dos contratos que hizo Sánchez de alta dirección y los tres formalizados como personal laboral. Para los primeros, no aprecian sombra de duda. El tribunal subraya que el nombramiento y cese de los cargos de confianza “es libre y corresponde al presidente de la entidad local correspondiente”.

Sin embargo, los jueces sí muestran reservas en el caso de las altas firmadas por la socialista para los tres militantes colocados como personal laboral. La Audiencia afirma que el sistema seguido en el Servicio Municipal de Inserción Laboral (Serjil) “no aseguraba con total exactitud y sin ningún resquicio la concurrencia, la igualdad y la capacidad como exige la Constitución”. Añade a continuación que ese procedimiento “en modo alguno puede calificarse de clamorosamente prevaricador en sí mismo”. “Es cierto que el sistema era tan defectuoso que podía permitir la existencia de prevaricación y que esta podría ser difícilmente controlable, pero faltan datos para concluir que los nombramientos fueran injustos o arbitrarios, al menos con la claridad que el tipo penal exige”.

La sentencia añade que no ha sido probado en la vista que la colocación de los tres militantes socialistas fuera “arbitraria de manera grosera y clara”, aunque sí recalca que la forma de contratación “era en cierta medida oscura y poco controlable”.

La sección octava de la audiencia exculpa igualmente a Sánchez del delito de malversación, ya que, como recoge la resolución, no puede haber menoscabo de caudales públicos “al haberse acreditado que los nombrados desempeñaron su trabajo”.

Tras conocerse el fallo judicial, la exalcaldesa del PSOE ha mostrado su satisfacción por el fallo, no sin antes lamentar “haber tendido que pasar la pena de banquillo”. “Me pregunto si era necesario haber llegado hasta aquí, haber pasado por un procedimiento penal para demostrar que las contrataciones de mi gobierno se hicieron ajustadas a derecho. He sufrido una persecución política cobarde por parte de Pacheco”, añadió quien fuera alcaldesa de Jerez.

Pilar Sánchez aún tiene dos causas pendientes con la justicia: una por utilizar dinero público del plan E para el pago de nóminas en el Ayuntamiento y una segunda por conceder una subvención supuestamente de forma irregular a una empresa sanitaria para que se instalara en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA) de Jerez.