Anticorrupción pide cuatro años para el ex director general de la CAM

La Fiscalía Anticorrupción reclama cuatro años de prisión para el ex director general de la CAM Roberto López Abad y dos y medio para el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés por supuestas irregularidades en el cobro de dietas y en la concesión de créditos de 17 millones al último.

En un escrito remitido al instructor del caso en la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, la fiscalía acusa a López Abad de apropiación indebida agravada, por el que solicita también una multa de 90.000 euros o, alternativamente, de un delito societario, caso en el que solicita tres años de cárcel. Mientras, a Avilés le achaca un delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero, aunque pide el archivo respecto a su mujer, su hermana y su hijo.

Asimismo, Anticorrupción solicita que los exdirectivos indemnicen al Banco Sabadell, -entidad a la que fue adjudicada la CAM por un euro tras su intervención-, en la cantidad de 1.494.029,99 euros. El ministerio público pide que los hagan de forma solidaria junto a otros 18 miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de Tenedora de Inversiones (TI), sociedad participada por la CAM, por el cobro supuestamente irregular de dietas que no les correspondían.

Así, la Fiscalía ha rebajado su petición con respecto a la del FROB, que ha pedido seis años de cárcel para López Abad y diez para Avilés.

Según relata en su escrito, López Abad, que ocupó el cargo de director general entre febrero de 2001 y diciembre de 2010, buscó a partir de 2005 una "fórmula para superar" los "límites retributivos" establecidos en los estatutos de la caja y "posibilitar que los directivos de CAM cobrasen mayores emolumentos".

De esta forma, a propuesta del acusado, la Comisión de Retribuciones informó favorablemente de que se elevase al consejo de administración la necesidad de revocar el acuerdo alcanzado en 1999 sobre el establecimiento de la percepción de dietas por asistencia a los órganos de gobierno de las empresas participadas por CAM, algo que recibió el visto bueno tres días después.

En diciembre, el consejo acordó modificar los estatutos de la sociedad TI para crear un órgano específico o comisión de control con funciones análogas a la de la propia caja. Aprobó, además, que los miembros recibirían una retribución en concepto dieta que debería fijar la Junta General de Socios, y fijó una cantidad "anual única" de 8.200 euros para 2005 (año del que solo quedaban ocho días naturales) y de 16.400 para 2006.

En junio de ese año, la Junta General de TI acordó doblar esas retribuciones, por lo que estableció para el segundo semestre una dieta de 16.400 euros, y para los años sucesivos de 32.800, aunque en 2007, año en el que Avilés accede a la presidencia de la comisión de control, fijó que los "cargos internos" cobrarían el doble.

Las dietas volvieron a incrementarse en 2008 hasta alcanzar los 80.000 euros anuales para Avilés, 40.000 euros para el vicesecretario y el secretario, y 20.000 para el resto de los miembros.

Hasta su supresión en septiembre de 2011 por decisión de los administradores provisionales de CAM designados por el FROB, la comisión de control de TI se reunió en 16 ocasiones.

La actitud de sus miembros en todas ellas fue "meramente pasiva, limitándose a escuchar las informaciones facilitadas por el administrador de la sociedad, sin que en ninguna de las actas de estas reuniones conste una sola aportación sustantiva" para "el efectivo seguimiento y control de la sociedad".

"En definitiva", subraya el fiscal, la Comisión de Control de TI "fue un mero y burdo instrumento ideado por López Abad" para permitir que los miembros de la caja "cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho" y "sin realizar ningún trabajo adicional para la entidad que justificara dichas retribuciones".

De forma simultánea, Avilés era también propietario y gestor efectivo, a través de varios familiares y sociedades interpuestas, de La Vereda de Sucina, que recibió 16,6 millones de euros en préstamos de CAM, si bien por aplicación de la normativa sobre cajas de ahorro, debería haber abandonado sus puestos en la entidad.

Según el fiscal, con la finalidad de evitar el control del Instituto Valenciano de Finanzas, Avilés enajenó todas sus participaciones en la sociedad, acreditada de la CAM con un riesgo de 14 millones, a su hermana.

Posteriormente, las operaciones se refinanciaron en condiciones favorables para él, lo que demuestra que "estuvo durante todo ese tiempo mucho más atento a sus intereses personales", e intentó de "diversos modos presionar" a los directivos de CAM para que le compraran la promoción inmobiliaria de esta sociedad y se "liberara así de los perjuicios económicos que la misma le había ocasionado".