La policía tomó pruebas del accidente del metro con el servicio reanudado

Siete años y medio después del accidente de metro más grave de España, la investigación judicial arroja nuevos datos. Un agente de la policía científica admitió ayer que la revisión de las vías en la estación de Jesús (hoy Joaquín Sorolla-Jesús) se prolongó durante “tres o cuatro días”. La línea 1 se reanudó a las 36 horas del descarrilamiento que causó 43 muertos y 47 heridos en Valencia. Y los agentes trabajaron mientras circulaba el metro. Una circunstancia que, según la defensa de la Asociación de Víctimas de Metro 3 de Julio (AVM3J), cuestiona las mediciones. Estas pruebas se utilizaron para los croquis y planos que respaldaron el informe que apuntaba al exceso de velocidad como causa del fatal accidente.

El agente admitió ante la titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, que no analizaron ni hicieron fotografías de los frenos ni del bogie, que es como se denomina la separación entre el chasis y las ruedas. Que no sabía donde estaba el libro de averías. Y que, aunque carecía de conocimientos de mecánica, no se recurrió a un experto. “No vimos nada raro”, zanjó.

El funcionario admitió que se limitó a recoger los datos facilitados por la caja negra. Y que la toma de pruebas de forma exhaustiva comenzó tras el vaciado de la estación, donde participaron más de 60 agentes durante las primeras doce horas. Ante las preguntas de la fiscal y la defensa de las víctimas, que pilota Vicente Baeza, el policía desplegó evasivas y silencios. Zanjó la mayoría de las preguntas con “no lo sé” o “solo confirmo lo que consta en el informe”.

Un agente admite que no analizaron los frenos ni el ‘bogie’

Y tampoco aclaró por qué su compañero encargado de custodiar la apertura del registro se negó a firmar el acta del mismo. “Me lo contó un subinspector”. El documento que avaló la caja negra fue rubricado solo por cuatro representantes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), encabezados por quien fuera gerente de la sociedad pública cuando se produjo el accidente, Marisa Gracia. La defensa de las víctimas pedirá la declaración como testigo del agente de la Policía Nacional número 87924 encargado de este cometido para que aclare por qué rechazó autorizar el acta y por qué la caja no fue abierta en presencia de la autoridad judicial. El agente está destinado en Barcelona. El registro reveló nueve puntos donde se rebasó los 80 kilómetros por hora, la máxima velocidad del tren y el doble de lo permitido en el tramo del siniestro. El convoy llegó a marcar 84,09 kilómetros por hora.

La declaración de ayer se enmarca en las 11 diligencias que debe practicar el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia tras la reapertura de la investigación ordenada por la Audiencia Provincial el pasado 21 de enero. La juez escuchará mañana el testimonio del jefe de talleres de FGV Luis Domingo Alepuz.