Diego Calvo y su ‘número dos’ pidieron enchufar a amigos

“El del alcalde, muy bueno, fue mecánico de la Ford; el de María es calderero, puede servir; el del presidente es malo malísimo”. Luis Morón, jefe de producción en Aquagest, canta de esta manera los resultados de una serie de contactos que ha estado realizando la empresa, en un momento en el que supuestamente hay que cubrir cuatro puestos de trabajo. Los tres candidatos de los que habla tienen enchufe. Según los informes de los investigadores del caso Pokémon, el mejor valorado venía recomendado por el regidor de Betanzos, el socialista Ramón García; el calderero que podía “servir”, tenía por madrina a María Faraldo, anterior alcaldesa de Betanzos, a la sazón vicepresidenta provincial y hoy parlamentaria procesada por un supuesto caso de enchufismo. El tercero, el peor de todos, pisaba el umbral de Aquagest de la mano de Diego Calvo, actual presidente de la Diputación de A Coruña. “Hay que darle una oportunidad, por lo menos unos meses”, respondió, según Aduanas, Henry Laíño, el responsable de la empresa de aguas en Galicia. Eran puestos de trabajo en municipios como Valdoviño o Betanzos, para la red de depuradoras de aguas residuales.

Los pinchazos revelan también la diligencia con la que supuestamente asumían los de Aquagest los deseos de los políticos. Cuando hablan sobre los candidatos a los puestos de trabajo no han pasado más que 10 días desde otro pinchazo revelador: el 14 de mayo de 2012, un representante de Aquagest llama a otro para contarle que le ha telefoneado el presidente de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo, y le ha “propuesto una persona para Valdoviño”. El dirigente provincial del PP aprovechó además tal conversación para confirmar que asistirá a un gran evento de Agbar (la matriz de Aquagest) en Madrid, al que también asistirán Arias Cañete, Esperanza Aguirre y un delegado de la Xunta.

El día 4 de ese mismo mes, es decir, nuevamente diez días antes, otra charla telefónica grabada entre otros dos representantes de Aquagest sirve a los agentes de Aduanas que trabajan con la juez Pilar de Lara para descubrir que Henry Laíño ha estado en la Diputación reunido con Diego Calvo “ofreciéndole” hacer en varias comarcas coruñesas lo mismo que hizo la empresa con el Gobierno de Baltar en Ourense. Se trataría de un “asesoramiento y estudio de alcantarillado” para los municipios, “primero un plan piloto para unos cuantos ayuntamientos”. “Se trata de hacer un estudio de las comarcas, promover un consorcio y después sacar a concurso los servicios”, describe la maniobra Vigilancia Aduanera, aunque “ganando dos [se supone que las adjudicaciones] ellos y otros dos la competencia”.

Diego Calvo, según esta conversación, “lo ve [el plan de Aquagest] muy oportuno”, “le gusta”, y remite a “los diputados que llevan esos temas”, el alcalde de O Pino y el de Lousame, que, además, es conocido de Laíño porque “su padre es de allí”. No pasan más que unos minutos, y la maquinaria de la compañía de aguas empieza a mover los hilos para contactar con el alcalde de O Pino, Manuel Taboada, con el fin de concertar una cita. Finalmente quedan para un café con el regidor en el Hotel Puerta del Camino de Santiago. Del despliegue tomaron buena nota los agentes. Existe en el sumario un amplio reportaje fotográfico, que incluye a dos directivos de Aquagest saliendo de la Diputación, en la calle Alférez Provisional de A Coruña.

Pero estos no fueron los únicos casos de cargos municipales que enchufaron o intentaron enchufar a amigos, familiares y conocidos a cambio de supuestos favores. El sumario de la Operación Pokémon también salpica por presuntas maniobras para colocar personas al alcalde de Santiago, Ángel Currás; su antecesor Gerardo Conde Roa; los concejales del PP Rebeca Domínguez o Adrián Varela; los socialistas Bernardino Rama y Sánchez Bugallo; el exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez y su concejal María Devesa (PSOE); el alcalde de Lugo, Xosé López Orozco; el primer teniente de alcalde de A Coruña, Julio Flores (PP); y el edil socialista en la misma ciudad José Nogueira.

El popular Adrián Varela, alias Pijolandia para la trama, además de enchufar (y pedir repetidamente trabajo para su padre), desenchufaba. Al menos, eso es lo que recogen las diligencias, en una sucesión de conversaciones mantenidas entre este concejal y Alberto Quintana, delegado de Vendex en Santiago. Hay que despedir a Isabel, una trabajadora de la empresa en las instalaciones que gestiona en el barrio de Fontiñas, y la razón está clara: es que “el marido es sindicalista” en el Ayuntamiento de Santiago.

El jefe de Vendex en Galicia, José María Tutor, rastrea a Quintana, a ver si existe alguna causa objetiva para echar a esta mujer. Pero no, su jefe comarcal le responde que “al contrario”, que “es una buena trabajadora”. Al parecer son “órdenes de arriba” que hay que asumir, porque el esposo de la trabajadora es de la CIG. Además, en el mismo lote, según Alberto Quintana, se les exige expulsar a otras dos personas. “Estos lo que quieren es hacer huecos”, concluye Tutor. Pero estas operaciones, a él, se las tienen que “amortizar”.