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Ocho sentencias y 30 recursos en marcha contra la opacidad del Consell

Las Cortes y las consejerías de Ciscar y Català centran las acciones de la oposición

La consejera Català, el vicepresidente Ciscar y el presidente Fabra, en los escaños del Consell durante un pleno de las Cortes.
La consejera Català, el vicepresidente Ciscar y el presidente Fabra, en los escaños del Consell durante un pleno de las Cortes.

“Esta sentencia es una nueva victoria de la transparencia sobre la opacidad del Gobierno del PP”, señaló el diputado de Compromís Fran Ferri al comentar el pasado 25 de enero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que obliga al Consell a entregar a la coalición las encuestas de opinión pagadas con fondos públicos que se negó a facilitar en 2012. Días después, Mireia Mollà, también diputada de Compromís, reclamaba la comparecencia del vicepresidente del Consell, José Ciscar, en las Cortes para que explique cómo se está aplicando la Ley de Transparencia que entró en vigor el pasado mes de diciembre.

Precisamente en diciembre, una sentencia del Tribunal Constitucional amparó a los diputados de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) y obligó a la Mesa de las Cortes Valencianas a tramitar una solicitud de comparecencia del expresidente Francisco Camps y el exconsejero de Hacienda Gerardo Camps sobre el caso Nóos que el PP había rechazado que llegara siquiera a la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat, donde se debatirá este mes de febrero. La coordinadora de EUPV, Marga Sanz, tachó de “absolutamente antidemocrática” la actitud del PP.

No es, ni mucho menos, la primera vez que el Constitucional se pronuncia. Ya lo hizo en cuatro ocasiones anteriores ante recursos presentados por Compromís por la inadmisión en la Cámara autonómica de preguntas o de proposiciones no de ley, en su mayoría relacionadas con los casos de corrupción que afectan al PP. En 2011, fue el Tribunal Superior el que estimó un recurso de Compromís y ordenó al Consell que entregara a la coalición los contratos menores de la trama Gürtel con la Generalitat. Esa sentencia fue confirmada en 2013 por el Tribunal Supremo. En 2013, el TSJCV condenó al Consell a entregar a Compromís el informe Price Waterhouse sobre el despido colectivo en RTVV. Y en 2014 lo ha obligado a entregar los sondeos de opinión a la oposición.

Compromís ganó siete fallos y tiene seis recursos en el TC y 10 en el TSJ

Pese a que la llegada de Alberto Fabra a la presidencia de la Generalitat normalizó un poco el respeto a las demandas de información de la oposición en comparación con el periodo previo de Francisco Camps en el Consell, las trabas parlamentarias y la opacidad están lejos de desaparecer. La portavoz adjunta de Compromís Mònica Oltra, que actúa en su doble condición de parlamentaria y abogada en esta batalla judicial, tiene en marcha seis procedimientos ante el Tribunal Constitucional y una decena ante el Tribunal Superior de Justicia.

Los primeros se centran en la inadmisión de iniciativas en las Cortes Valencianas y los segundos en denegaciones de documentación por parte del Consell. Entre estos últimos, los hay que se refieren al acceso a las subvenciones relacionadas con el caso Cooperación, la justificación de gastos de los programas de construcciones escolares, los contratos de patrocinio de equipos de fútbol, la empresa Valmor Sports y la Fórmula 1, los gastos de caja fija, los contratos del aeropuerto de Castellón y los estudios de opinión, en este caso del año 2013.

A su vez, EUPV, como señala su portavoz adjunto, Ignacio Blanco, no solo ha ganado el recurso ante el Constitucional por la solicitud de comparecencia de Camps sino que tiene 14 recursos especiales por vulneración de derechos fundamentales en tramitación en el TSJCV. Siete de ellos afectan a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que dirige María José Català, y se refieren a cuestiones como la relación de centros educativos con instalaciones de fibrocemento, la inspección de edificios escolares, el aeropuerto de Castellón o la venta de la VIU (universidad virtual). El resto afectan a la Consejería de Presidencia, que dirige el vicepresidente José Ciscar, y son en su totalidad peticiones de documentación sobre los cuestionarios, informes de resultados y fichas técnicas de los sondeos trimestrales de opinión realizados en aplicación del contrato adjudicado a la empresa Simple Lógica Investigación, SA.

EUPV ha ganado un caso y tiene pendientes 14 recursos

Los socialistas también han chocado reiteradamente con la opacidad del Consell. Por ejemplo, estuvieron reclamando los contratos con Gürtel hasta que pudieron acceder a ellos a través de la propia instrucción judicial del caso, pero siguen hoy mismo intentando acceder a expedientes relacionados con esos contratos. También han reclamado a Ciscar hasta cuatro veces las facturas y justificaciones de gastos de la Fundación Agua y Progreso o a la consejera Català una relación de obras del Museo de Bellas Artes de Valencia cedidas a terceros. Sin embargo, como explica su portavoz, Antonio Torres, a diferencia de las denuncias penales por casos de corrupción, en los que están personados, no han llevado hasta ahora la lucha contra la opacidad a “la vía judicial”.

En conjunto, las Cortes Valencianas acumulan cinco sentencias del Constitucional por vulnerar derechos de los diputados; el Consell, tres por denegar información, de las que una está confirmada por el Supremo. Hay en marcha seis procedimientos en el Constitucional y 24 ante el Tribunal Superior de Justicia. Es el bagaje de la opacidad.

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