Asentamientos de temporada

Sus manos hablan de los años trabajados en el campo y en la construcción, las mismas que este jueves ataban con fuerza y resignación la estructura de la que será su casa en las próximas semanas. Cañas, plásticos y cartones, los materiales. Kamaro, de 57 años y natural de Senegal, es uno de los inmigrantes que el pasado lunes perdió todo lo que tenía en el incendio que asoló las chabolas de un asentamiento de Lepe (Huelva). El viento trae aún el olor a quemado. Ese día, sobre las 14.20, Sana (de 58 años y también de Senegal) calentaba en una hoguera una olla con agua para lavarse. Una ráfaga de viento hizo el resto. La ONG Cepaim (Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Inmigrantes) afirma que el fuego destrozó 80 de las 200 chabolas que pueblan esta parcela junto al cementerio. El suceso ha abierto el debate sobre estos asentamientos y una guerra política entre las Administraciones.

En Huelva, 2.000 inmigrantes viven en chabolas; en Almería, 8.500

Según el técnico de acogida de Cepaim Aristide Gomis en la comunidad andaluza existen entre 20 y 30 poblados agrarios como el incendiado en Lepe. “En la provincia de Huelva, unas 2.000 personas viven en este tipo de poblados [Huelva Acoge eleva la cifra a las 2.500]. En Almería, unos 8.500”, precisa el representante autonómico de la organización, Javier Pérez. “Son asentamientos de temporada. Los inmigrantes llegan alentados por las diferentes campañas de recogida. Y cuando se terminan, se marchan a otra región”, explica Pérez. En el de Lepe, actualmente viven unos 150 inmigrantes, la mayoría del África occidental. Su punto álgido de ocupación es abril, cuando hay más de 350 personas, según Gomis. “Durante todo el año puede haber unas 20, no más”, precisa el técnico, tras reconocer que con la crisis ha aumentado el número de personas que viven en estos asentamientos.

Mientras corta las cañas con una sierra, Kamaro recuerda que llegó a España en busca de un futuro mejor, “como todos”, dice. Tras vivir más de 10 años en Barcelona, hace 25 días se animó a venir a Lepe. Un amigo le acogía en su chabola y le aseguraba trabajo en la campaña de la recogida de la naranja. El fuego no ha quemado sus ilusiones, pero sí las de Arama (42 años). “Tengo casa en Barcelona. Hace unas semanas me quedé parado y un amigo me dijo que me viniera a Lepe. Ahora no tengo ni trabajo, ni dinero, ni pasaporte. Lo que quiero es volver a casa”, explica el senegalés, quien, junto a nueve compañeros del asentamiento, ha sido realojado en unas viviendas que Cepaim tiene en Tariquejo, en el municipio vecino de Cartaya.

Eliminar ese efecto llamada del que hablan Kamaro y Arama es, para el subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera, el primer paso para erradicar este tipo de poblados. “Si suprimimos el efecto llamada y todos nos comprometemos a hacer lo que tenemos que hacer, 2020 es buen plazo para erradicar todos los asentamientos que hay en la provincia”, afirmó Pérez Viguera en el encuentro del miércoles entre representantes de la Junta, del Ayuntamiento de Lepe y de las organizaciones humanitarias. El subdelegado dio también un tirón de orejas a los empresarios por contribuir a ese reclamo.

Instituciones y asociaciones

Pese al compromiso mostrado en dicha reunión por todas las partes, el suceso ha abierto una guerra política entre las Administraciones. Un enfrentamiento que también estuvo sobre la mesa. Pérez Viguera responsabilizó de estos poblados a los Ayuntamientos y el presidente del PP onubense y exalcalde de Lepe, Manuel Andrés González, aseguró que las competencias son de la Administración andaluza. Tras negar dicha acusación, el delegado de la Junta en Huelva, José Fiscal, recordó que la Junta había otorgado 300.000 euros al Ayuntamiento de Lepe para la construcción de un albergue para inmigrantes y que el equipo de Gobierno tuvo que devolver el dinero dejando el edificio a medio construir. Por su parte, la concejal de Servicios Sociales de Lepe, Mariana Otero, insistió en que el asunto es más complicado de lo que parece porque “muchos inmigrantes prefieren mandar dinero a sus familias en lugar de alquilar un piso”. Otero remarcó que “ellos son libres de elegir su modo de vida y no se le puede imponer nada”.

Tras el incendio, los inmigrantes han ido volviendo al asentamiento pese a que el Consistorio les había habilitado el polideportivo municipal. La mayoría, como Kamaro, reconstruye sus chabolas. El resto ha optado por alojarse en las de amigos o conocidos. “Sea donde sea, pero lejos de donde se generó el fuego y entre compatriotas”, explica Mussa (38 años) mientras tensa la cuerda con la que atará las cañas. Él y su compañero esperan tenerla terminada antes de que caiga la noche. Aseguran que ahora su única preocupación es recuperar la documentación. “Sin papeles no hay trabajo”, afirma Mussa.