Besteiro opta por la mano dura y sanciona a los fieles a Pachi Vázquez

Mes y medio después de que estallase el conflicto que ha partido en dos el gobierno municipal de Ourense, y tras llamar al diálogo durante semanas a ambas partes, el plante de los ediles díscolos socialistas en la reunión del grupo municipal de ayer colmó la paciencia del secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. El líder socialista anunció medidas disciplinarias contra los cinco concejales afines a Pachi Vázquez que mantienen una indisimulada pelea con el alcalde, Agustín Fernández. A las puertas de la Diputación de Lugo, Besteiro anunció que los díscolos serán expedientados porque su partido no tolera que servidores públicos “falten a su puesto de trabajo”. El anuncio se acompaña de un informe que la ejecutiva gallega remitió a la dirección federal, en el que la secretaria de Organización, Pilar Cancela, resume la bronca que ambos bandos mantienen desde hace 46 días y que no deja quedar en buen lugar a la facción que se opone al regidor.

 El pasado lunes, la propia Cancela había remitido una carta al secretario provincial del partido, Raúl Fernández, próximo a Pachi Vázquez y alineado con los concejales rebeldes, advirtiéndole sobre la conveniencia de que los ediles retomasen la disciplina del grupo municipal. La respuesta de los críticos al anuncio de Besteiro fue reclamar un encuentro urgente con el secretario general y con Cancela. “Nos levantamos de un pleno para no incurrir en delito”, justificó Susana Bayo, una de las ediles levantiscas, el origen de la bronca, una disputa sobre la conveniencia de conceder la compatibilidad con otro trabajo a un funcionario municipal. “Nos preguntamos si tendríamos que habernos quedado [en el pleno] incurriendo en delito”, aseguró, deslizando que el alcalde y sus afines transgredieron la ley. “No consiento que nadie dude de mi trabajo como servidora pública”, replicó muy enfadada a Besteiro. En el otro bando, Carmen Rodríguez Dacosta, secretaria local del partido y expedientada a su vez por la dirección provincial, explicó que “será la ejecutiva gallega la que responda a este incumplimiento o no de los estatutos”.

Tras el golpe en la mesa de Besteiro, los socialistas ourensanos alineados con los díscolos vincularon esta crisis con la Operación Pokémon, en la que fue detenido el exalcalde Francisco Rodríguez, quien tuvo que dimitir por presiones de la ejecutiva federal y del entonces líder del PSdeG, Pachi Vázquez. La secretaria de Organización provincial, María Quintas, explicó que la pelea “se produce tras la detención del exalcalde, cuando cinco ediles decidieron seguir las recomendaciones de la dirección federal y otros [los que ahora se alinean con el regidor] se colocaron al lado del alcalde detenido que desafió al partido”. Además calificó de “incomprensible” que Agustín Fernández mantenga un gobierno en minoría “retirando competencias a concejales sin justificación”, en alusión al edil pachista Antonio Rodríguez Penín, castigado tras el primer plante. Quintas matizó que la ejecutiva federal ha estado “informada desde el primer minuto”, pero anunció nuevos informes para “certificar” que los cinco ediles a los que ampara “no han incumplido los estatutos”.

El cruce de reproches entre los seguidores de Vázquez y de Besteiro ha estallado de forma abierta. Cancela recriminó a la dirección provincial la “emisión de una especie de informe a petición de una de las partes que no parece encajar mucho en los tiempos políticos y orgánicos en los que estamos o deberíamos estar”. Y Quintas le replicó: “No parece adecuado que la crítica venga de quien, ostentando un cargo orgánico, se reunió con la ejecutiva local [afín al alcalde] en el punto álgido del conflicto dando mucho que hablar sobre su imparcialidad”. La dirección provincial amenaza ahora con elevar más la tensión y expedientar al propio alcalde.

En medio de este clima, el Ayuntamiento ourensano ha reclamado una justificación de compatibilidad laboral al edil al que el regidor destituyó. Penín ha tramitado en las últimas semanas su reincorporación a la policía nacional y la ley impide a los agentes ser cargos electos. La decisión sobre la compatibilidad podría ser llevada al pleno municipal en las próximas semanas y sus propios compañeros deberían votarla, lo que agravaría la bronca interna.

Mientras, el PP —con 11 concejales, los mismos que el PSOE— navega entre dos aguas. Los populares desean el gobierno local que perdieron en 2007 tras una pelea interna similar, pero no de esta forma. No tienen mayoría suficiente para una moción de censura a su gusto, y el líder provincial, José Manuel Baltar, desiste por ahora de hacerse con la alcaldía. Ayer volvió a deslizarlo y no es la primera vez: “No es el momento de hablar de personas. Esto es un proyecto de ciudad y los personalismos quedan a un lado”, respondió al ser preguntado si Rosendo Fernández, portavoz del PP, sería alcalde en el gobierno de concentración que él propone.