La última corrida benéfica de Fabra cerró con pérdidas

La última corrida de la Beneficencia organizada durante la época de Carlos Fabra al frente de la Diputación de Castellón, la de mayo de 2011, cerró con números rojos. El informe de Intervención realizado para liquidar los gastos del festejo revela que la institución gastó 179.012 euros y que ingresó 190.813. Esto arrojaba un escaso beneficio de 11.800 euros para repartir entre cuatro asociaciones elegidas por la corporación. Sin embargo, la Intervención constató que a ese importe había que restar los casi 20.000 euros cobrados indebidamente a Vila-real y más de 4.000 de dudoso cobro. El resultado final fue una deuda de casi 12.300 euros.

El aparente acto benéfico de 2011 no habría recaudado así ni un euro para los fines proclamados por Carlos Fabra. Pocos meses después Javier Moliner tomó posesión del cargo de presidente y comenzó a cobrarse las supuestas deudas contraídas por los ayuntamientos que no pagaron las entradas enviadas por la Diputación para las corridas de 2009 y 2010. Fue de esta forma como se compensaron deudas, reteniendo el dinero de la recaudación tributaria municipal asumida por la Corporación provincial y quitando ayudas sociales o de infraestructuras cuando el dinero no llegaba. Así logró la Diputación de Castellón hacerse con 85.679 euros extra y cerrar el festejo taurino de 2011 con 73.406 euros que repartir entre los elegidos para la Beneficencia.

Aunque todos estos decretos se firmaron ya con Moliner en la presidencia, la querella de la Fiscalía de Castellón se dirige únicamente a Fabra y a Francisco Martínez (por ocupar la presidencia de manera interina durante unos meses), imputados por supuesta prevaricación al cobrar a los ayuntamientos por las entradas sin mediar documento alguno. El fiscal jefe, José Luis Cuesta, consideró que Moliner llevó a cabo “una gestión muy diferente” del polémico festejo.

El ayuntamiento de Burriana fue uno de los que vieron cómo la Diputación restaba de forma unilateral 28.356 euros de la recaudación de octubre y noviembre de 2011 en concepto de entradas de 2009, 2010 y 2011 mediante un decreto firmado por Martínez en noviembre de 2011. Burriana presentó un recurso de reposición que fue rechazado por presentarse fuera de plazo. Lo mismo ocurrió con Vila-real, que optó por acudir a la vía contenciosa para recuperar el dinero. El ayuntamiento que dirige José Ramón Calpe (PP) optó por asumir la deuda a pesar de que había un informe de Intervención que advertía de las irregularidades en la gestión que coinciden con las señaladas por la fiscalía de Castellón.

“Cabe advertir de la realización de los gastos que originan la compensación que se ha realizado sin procedimiento administrativo alguno, carecen de consignación presupuestaria y han sido obviados en las distintas modificaciones presupuestarias”, recoge el informe de la liquidación del presupuesto de 2011. Otro informe de Tesorería de enero de 2013 advirtió al equipo de gobierno que el cobro de 28.356 euros no constaba en la contabilidad, lo que obligó a una modificación presupuestaria.