El Cabanyal exige a Barberá que no retrase más un nuevo planeamiento

Las organizaciones de vecinos y comerciantes de El Cabanyal-Canyamelar urgen al Ayuntamiento de Valencia a abrir cuanto antes el proceso de adaptación del plan especial de reforma interior del barrio al que le obliga la Orden del Ministerio de Cultura de 2009. "Queremos un proceso en el que esté garantizada la participación de todos los agentes políticos y sociales de la ciudad y del barrio en especial", han sucrito la asociación de vecinos, la de comerciantes Acipmar, los vendedores del Mercado del Cabanyal y la plataforma Salvem.

Este colectivo, mayoritario en el barrio, recuerda que hace un año puso en marcha la plataforma Units pel Cabanyal y con ello demostraron su voluntad de diálogo para alcanzar acuerdos con el Ayuntamiento de Valencia y poner freno a la degradación en sus calles. "Las esperanzas iniciales fruto de las primeras declaraciones de los responsables del equipo de gobierno municipal, favorables a esa búsqueda de consenso, pronto se vieron frustradas por su negativa a mantener ningún tipo de reunión con los representantes de las organizaciones vecinales", defienden.

Las cuatro asociaciones insisten en que no solo se precisa poner coto al proceso deterioro sino también a modificar el Pepri con el mayor consenso posible, "y ello solo será posible si se hace con transparencia y se ponen en marcha mecanismos de participación ciudadana, en los que todos los agentes implicados podamos exponer nuestros puntos de vista".

Los agentes sociales recuerdan al Consistorio que la revisión del planeamiento antiguo pasa por la valorización y preservación de su patrimonio histórico.

La orden de Cultura, aprobada en diciembre de 2009, paralizó el plan especial de reforma interior de El Cabanyal, promovido por el Gobierno local del PP y aprobado en el año 2001. El planeamiento obligaba a prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar, con la consiguiente demolición de 450 edificios del barrio.

La asociación Salvem el Cabanyal consiguió después de años de lucha contra el plan oficial, detenerlo con la orden de Cultura, que firmó la ministra socialista Ángeles González-Sinde. La Generalitat y el Ayuntamiento intentaron desactivar la orden con una ley autonómica y el conflicto de competencias acabó en el Tribunal Constitucional.

En 2013, el Gobierno español, tras una negociación con la autoridades públicas valencianos, acordó con la Generalitat la derogación de la ley autonómica y con ella la extinción del recurso del Ejecutivo ante el tribunal. También dijo expresamente que el Consistorio debía cumplir con la orden de Cultura, donde se instana al Gobierno local a redactar un nuevo plan urbanístico para el barrio que fuera respetuoso con su patrimonio.