Crueldad insoportable

El último drama lo ha vivido Lourdes Castro. Una mujer de 37 años, con dos hijos de 8 y 11. Hace 48 horas se sentó en el banquillo de los acusados. Su delito: ser okupa de su propia casa, situada en el humilde barrio cordobés del Campo de la Verdad.

La historia es un calco de miles más que siembran de desamparo la geografía hispana. Lourdes compró una casita baja hace años. La pagó. Era una vieja vivienda que necesitaba arreglo. Pidió un préstamo hipotecario al Banco de Santander: 72.000 euros. Pagó religiosamente los primeros 12.000. Hasta que la bicha del paro se instaló en su hogar. Perdió su empleo. Su compañero también. Dejó de pagar al banco. Los 426 euros del subsidio apenas si alcanzaban para comer.

En octubre de 2012, al segundo intento, la echaron de la casa. Cuatro días después recibió la llamada de un vecino: “Han dejado abierta la puerta de tu casa”. Lourdes la ocupó. Una empresa residenciada en Luxemburgo, Propiedades Residenciales, se la había comprado al Santander. Hoy acusa a Lourdes de usurpar la vivienda. Le piden que abandone la que fue su casa y que pague algo más de 5.000 euros en multa, daños y perjuicios. Si el juez no lo remedia, Lourdes, sus dos hijos y su compañero en paro, se quedarán en la calle.

Para evitar dramas como éste, la Junta de Andalucía aprobó en octubre del pasado año la Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda. Hasta ahora, han paralizado 3.261 desahucios. Pero se acabó.

El presidente Rajoy, con el aplauso del PP andaluz, ha recurrido la ley al Tribunal Constitucional. El “recurso de la vergüenza”, como lo ha calificado la consejera que impulsó esa ley, Elena Cortés. No pueden tolerar que se gobierne de otra forma, pensando en el ciudadano y no en los bancos. La ley andaluza queda congelada.

Miles de familias serán expulsadas de sus casas. Según el Banco de España, en 2012 se produjeron 40.000 desahucios en el país. Mientras, se pudren 3,4 millones de pisos vacíos (700.000 en Andalucía).

Hasta ahora, la Junta ha expropiado temporalmente a la banca dos viviendas. Hay otros 37 expedientes a punto. En total, unas 200 familias han pedido la protección de la Junta. Lourdes era una de ellas. El Gobierno de la derecha sostiene que la ley andaluza pone en riesgo el sistema financiero español. ¿Tan endeble es?

No es esa la razón. La razón es que ese Gobierno conservador mima a la banca más que a los ciudadanos. Una banca que provocó por su codicia sin límites la crisis que ahora sufren trabajadores como Lourdes. Como los seis millones de parados. Como los tres millones que no perciben ya ningún tipo de subvención o ayuda y que pueden perder su casa en cualquier momento.

Mientras, los banqueros se forran. Con la aquiescencia del Gobierno. Después de inyectarle 60.000 millones de dinero público (suyo, mío, de personas como Lourdes) y permitirle el despido de 35.000 trabajadores, los beneficios de la banca española suben como la espuma. En los tres primeros trimestres de 2013 alcanzaron los 6.702 millones de euros. ¡Un 98% más que en el mismo periodo del año anterior! Hay banqueros que ganan más de 1.000 salarios mínimos al mes (los presidentes del BBVA y el Santander). Blesa se llevó 20 millones de euros en ocho años de Caja Madrid.

¿Se puede soportar esta afrenta mucho más tiempo? ¿Se puede tolerar esta “crueldad” insoportable, en palabras de la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio?

Parece que no. Y que nadie se llame a engaño. Porque un fantasma recorre España: el espíritu de Gamonal. El recurso a ocupar la calle. Y “nadie podrá extrañarse”, sostiene el coordinador de IU, Antonio Maíllo, de que proliferen “estallidos sociales”, pues estamos ante “la violencia del Estado contra los derechos de la gente”.    

@JRomanOrozco