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Imputado en tres causas urbanísticas el alcalde popular de Ponteareas

"Aquí lo imputan a uno por nada”, se defiende el regidor del PP

Salvador González Solla, alcalde de Ponteareas
Salvador González Solla, alcalde de Ponteareas

El alcalde de Ponteareas inició ayer su tercer calvario judicial por presuntos delitos relacionados con el urbanismo. A las 11 de la mañana, Salvador González Solla entraba en el juzgado número 2 de la localidad pontevedresa para declarar como imputado por supuesta prevaricación, relacionada con obras realizadas en un chalé de su propiedad. La oposición reclamó su dimisión inmediata. Solla replicó que agotará el mandato y lamentó la actuación judicial: “Aquí lo imputan a uno por nada”.

La declaración de ayer es consecuencia de la presunta inacción municipal ante la denuncia de un particular que acusó a Solla de demoler sin licencia una construcción antigua para levantar su casa, de ejecutar un anexo a modo de porche también sin permiso y de incumplir los retranqueos y las alturas máximas en el muro de cierre. Pese a la denuncia, presentada en mayo de 2011, Solla continuó con la construcción de su casa sin que la inspección municipal actuara hasta dos años y medio después, en octubre de 2013. El pasado 25 de noviembre, la junta de gobierno local abrió un expediente sancionador y de reposición de la legalidad al alcalde por la “posible comisión de una infracción urbanística muy grave”.

El alcalde, del PP, que es a su vez concejal de Urbanismo, tiene otras dos causas urbanísticas abiertas por supuesta prevaricación. En una de ellas, en la que también está imputado el párroco José Carlos Pérez, otro juzgado local atribuye a ambos ese y otros presuntos delitos por el levantamiento sin licencia de un conjunto funerario del siglo XVIII en la iglesia parroquial de Guillade para pavimentarlo. La otra causa la abrió un tercer juzgado de Ponteareas a instancias de una empresa, Ecocelta, que le acusa de negarle una licencia de actividad.

“Son tres imputaciones, pero podían ser 45, porque no tienen sentido”, se defiende Solla, que ve motivos “políticos y personales” en esta cascada de imputaciones. De dos de ellas hace responsable al exlíder del BNG en Ponteareas Roberto Mera, mientras que la que le obligó a declarar ayer es en su opinión “una revancha clarísima” del denunciante, un constructor de la zona llamado Jesús Castrodeza al que el Ayuntamiento paralizó una obra por carecer de licencia. Respecto a las obras de su casa, el alcalde solo admite la falta de licencia del derribo de la vivienda vieja y otras irregularidades menores, pero lo atribuye a un error y sostiene que todas las deficiencias de la obra “son legalizables”.

En su declaración ante el juez, Solla sostuvo que no influyó en el retraso en la actuación de la inspección de obras. “Yo aquí soy uno más: ni paralicé, ni suspendí ni di instrucciones a nadie relacionadas con ningún expediente”, declaró ayer. Solla afirmó que no tendría sentido eludir “licencias que cuestan 60 euros” y subrayó el hecho de haber solicitado permiso para una piscina: “Debo ser el único en este ayuntamiento que lo ha pedido”.

Socialistas y nacionalistas reiteraron ayer su exigencia de dimisión. “No se puede entender que el alcalde y máximo responsable de urbanismo pueda exigir que se cumpla la legislación cuando él es el primero que no lo hace”, observó el portavoz del BNG, Xosé Represas. “Un alcalde que no cumple las normas urbanísticas y que actúa en favor de sus propios intereses no puede seguir siéndolo ni un minuto más”, añadió. Solla zanjó esa posibilidad. “Agotaré el mandato para el que fui elegido por mis vecinos”, anunció el alcalde.

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