Anticorrupción pide 4 millones de fianza civil para un abogado en el ‘caso ERE’

La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer una fianza de responsabilidad civil de 4.089.000 euros para José Miguel Caballero, abogado del bufete Garrigues, quien compareció como imputado por malversación y prevaricación ante la juez del caso ERE, Mercedes Alaya. Caballero compareció por la mañana y a su testimonio le siguió el de otros dos letrados: su compañero de despacho Juan Antonio López de Carvajal y Daniel Gutiérrez Montaña, del bufete Estudio Jurídico Villasís, que también intermedió en los ERE.

Caballero negó ante Alaya que conociera la inclusión de intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) en el expediente de la empresa de aceitunas Acyco, que tramitó Garrigues. La juez imputa al dicho bufete por cobrar 109.620 euros como honorarios que fueron cargados a una subvención sociolaboral que pagó la Junta. Sobre este cobro, el letrado alegó que Acyco le informó de que iba a pedir a la Junta que fuera un gasto que pudiera reintegrar y ser subvencionado, informó Efe.

Tras el fiscal, la Junta pidió como acusación personada una fianza civil de 600.000 euros por la cantidad que percibieron los tres intrusos: su presidenta Encarnación Poto, el amigo del exdirector de Trabajo Javier Guerrero, Andrés Carrasco, y Domingo Martínez, exalcalde socialista de San Nicolás del Puerto. A pesar de que el PP asiste a todas las declaraciones como acusación, ayer ningún abogado del partido acudió a la comparecencia.

Por otra parte, el juzgado ha embargado al letrado Carlos Leal fincas, garajes, un trastero y dos coches para afrontar la fianza de responsabilidad civil de 34 millones que le fue impuesta.