El alcalde de Xinzo se aferra al cargo con ocho condenas por enchufismo

El baltarismo ha puesto patas arriba el ayuntamiento ourensano de Xinzo de Limia. El regidor, Antonio Pérez, del PP) que arribó a la alcaldía bendecido por el cacique ourensano —para ponerlo a él tuvo que sacrificar al histórico y fiel amigo Isaac Vila— afronta ocho sentencias dictadas por dos juzgados de lo contencioso de Ourense que coinciden en encontrarlo responsable de otros tantos casos de “desvío de poder máximo”. Lo acusan de haber contratado a dedo a ocho personas. Mientras, trasladadas las demandas a la vía penal, el juez de Xinzo decide si le imputa un delito de prevaricación por ese enchufismo —la misma acusación por la que será juzgado Baltar— Pérez atiende ya otro frente: las denuncias de acoso laboral interpuestas por el secretario municipal, quien, tras declarar contra él y ver cómo el alcalde precintaba su ordenador, renunció al empleo y abandonó Xinzo. En plena refriega judicial el comité de personal del Ayuntamiento ha impugnado dos oposiciones convocadas por el regidor —calificadas por el mismo tribunal de la Diputación de Ourense— que han aprobado la compañera sentimental del alcalde y la hija de un conocido personaje del baltarismo, el exdelegado provincial de la Consellería de Medio Ambiente Agustín Prado Verdeal. El hijo-sucesor de Baltar ha declinado la invitación de este periódico a pronunciarse sobre el caso. El alcalde no pudo ser localizado.

 Cuando a finales de 2010 Antonio Pérez accedió con calzador a la alcaldía de Xinzo —tuvo que irse Vila a regañadientes y renunciar al cargo los tres concejales que lo precedían en la lista— el crash del baltarismo era ya un mal endémico en los municipios gobernados por el PP de Ourense: alto endeudamiento, con elevados gastos de personal. El regidor se sirvió de este argumento para diseñar, en cuanto accedió al gobierno, un modelo de contención del gasto que pasaba por presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y una reducción salarial. Pero tanto los despidos como el recorte de los sueldos afectaban solo al personal laboral, “los no afines a él”, según los representantes de los trabajadores. Los funcionarios quedaban intactos, ajenos a la crisis y al endeudamiento municipal.

Los representantes sindicales de la CIG (tiene ocho de los nueve delegados del comité) conminaron al regidor a que en el caso de que aprobase una reducción salarial esta fuera proporcional a todos los trabajadores. Pérez acabó renunciando al ERE, pero mientras persistía en su decisión de ahorrar bajando el sueldo solo a los laborales, tiraba del endeudado presupuesto para colocar a otros afines. Los delegados sindicales presentaron una reclamación judicial. Ahí empezó todo. El sindicato acudió al abogado del Estado y este, tras verificar las contrataciones a dedo de 17 personas (de momento solo hay sentencia de los ocho primeros casos) presentó contenciosos en dos juzgados.

En cuanto el secretario municipal, confirmó ante los jueces que había informado expresamente al alcalde de la ilegalidad en la que incurría, este se defendió acusando al técnico de haber manipulado las fechas de sus informes contrarios a las contrataciones y clausurando su ordenador. El técnico lo demandó por acoso y abandonó su empleo y el pueblo,seguido de su adjunta en el puesto, mientras el alcalde cruzaba otra demanda contra él por falsificación documental.

En medio de la reyerta interna, los jueces de lo contencioso sentenciaron la “desviación máxima de poder” y condenaron al regidor a anular los contratos. Uno de estos jueces derivó la causa a la vía penal. La CIG anuncia que se personará como parte en ese juicio por prevaricación y que aportará, “como agravante”, los “otros nueve contratos a dedo” de los que aún no hay sentencia en la vía administrativa.

Antonio Pérez no hizo más que seguir a pies juntillas la teoría y práctica del baltarismo sobre la contratación de personal. Antes de emplear a dedo a los trabajadores temporales y antes de anunciar el ERE y la bajada selectiva de salario, convocó dos oposiciones: una para cubrir una plaza de letrado y otra para un puesto de administrativo. La plaza de letrado la aprobó la hija del exdelegado de Medio Ambiente Agustín Prado Verdeal, principal acreedor del Club Deportivo Ourense a quien Baltar traspasó las acciones cuando la sociedad, investigada por Hacienda, hacía aguas. Prado Verdeal y cuatro familiares suyos aparecieron empadronados en casa de un vecino de Xinzo en vísperas de las elecciones municipales de 2011. El vecino abrió el buzón de su domicilio y se topó con las tarjetas censales de Prado Verdeal y sus parientes. Uno de ellos consigue ahora superar la oposición en ese municipio. En el tribunal examinador estaba el que fuera secretario de su padre en la delegación de Medio Ambiente.La otra plaza, de administrativo, la obtuvo la compañera sentimental del propio regidor. La relación trascendió porque el secretario actual declaró ante el juez que el alcalde se abstuvo de firmar por este mismo motivo.