Louzán avala a la regidora de Sanxenxo tras ser imputada por cohecho

Sometida a un incisivo desgaste por parte de los tres partidos de la oposición durante cuatro horas de pleno monográfico para que diera explicaciones sobre las tres imputaciones a las que se enfrenta —cohecho, tráfico de influencias y prevaricación— por asuntos urbanísticos, Catalina González recibió ayer el respaldo unánime de su partido. El presidente provincial del PP y de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, despejó cualquier duda sobre la postura del partido ante la posible dimisión de González, defendiendo la gestión de la alcaldesa y su honradez política. “Tanto yo como mi partido apoyamos incondicionalmente a Catalina, personal y políticamente. Ella ha realizado una labor intachable y hay que esperar que los jueces o los tribunales se pronuncien sobre las denuncias que se están investigando”, afirma Louzán.

Tras 18 años de dedicación política, la alcaldesa tuvo que responder ayer a las preguntas de la oposición (BNG, PSOE y SAL), que llegaron a exigirle que dimitiera, en una sesión con siete asuntos en el orden del día solo dedicados al proceso judicial que envuelve a la regidora junto a funcionarios y técnicos de la Gerencia de Urbanismo, incluida la exresponsable del órgano municipal y actual directora general de Urbanismo en la Xunta, Encarnación Rivas.

La oposición consideró insuficientes las explicaciones de González, quien, con la sala de plenos llena de público, exigió en varias ocasiones la rectificación de algunas frases subidas de tono. Lo que no logró la regidora es que Gonzalo Pita, el concejal del SAL (Sanxenxo Agrupación Liberal), dejase de dirigirse continuamente a ella como “señora imputada”.

“Lo que tiene el juez en la cabeza yo no lo sé, por tanto no puedo saber por qué estoy imputada, pero dudo que alguien pueda probar algo que no se ha producido”, afirmó la alcaldesa sobre el sumario. González se remitió a las explicaciones que realizó en rueda de prensa tras ser acusada y en las que atribuyó el caso a una venganza de exmiembros del PP. “Una denuncia falsa también es un delito”, subrayó.

La mayoría del PP impidió que los dos únicos asuntos sometidos a votación fueran aprobados: apartar de sus funciones a los técnicos imputados mientras el juez no resuelva el caso y encargar una auditoría externa sobre la gestión urbanística. La oposición afirmó que tanto el planeamiento como la Gerencia de Urbanismo solo sirvieron “para favorecer a los amigos y fastidiar a los que no son del mismo color político”.

González y el concejal popular José Luis Rodríguez admitieron que el planeamiento de Sanxenxo “es mejorable”. Sobre la obra de la calle Progreso por la que está imputada la propia alcaldesa, una edificación sobre la que pesa orden de demolición, González reconoció que se otorgaron otras 50 licencias con el mismo criterio que nunca llegaron al juzgado.