Los propietarios del Talaso piden 14 veces el presupuesto de Oia por tirarlo

La sentencia de derribo es firme desde 2009 porque concluye que la licencia concedida por el Ayuntamiento de Oia para levantar junto al Cabo Silleiro un macrocomplejo hotelero y su balneario de agua marina fue ilegal. Y el pasado diciembre, tras recibir varias advertencias de multa del juzgado, el alcalde de este municipio pontevedrés, Alejandro Rodríguez (PP), dictó un decreto en el que ordena la demolición de los 32.000 metros cuadrados que ocupa el centro residencial de talasoterapia a unas cuantas zancadas del Atlántico. De momento, no hay una fecha marcada para que las máquinas entren al solar pero los propietarios conscientes de la dificultad que entrañaría evitar en los tribunales la acción de la piqueta encargaron hace ya cuatro años un informe pericial que tasaba entonces en 17.420.117 euros la indemnización que solicitar al Ayuntamiento de Oia —el responsable de conceder el permiso anulado por la Justicia— en caso de que el macroedificio se viera reducido a escombros.

El cálculo que hace el perito de parte contratado por Balneario del Atlántico, SL suma “el valor de reposición a nuevo de los capitales invertidos, el cálculo del lucro cesante y el daño emergente al que deberá afrontar la entidad perjudicada por la ejecución”. El informe valora las instalaciones en 11.687.350 euros, de los que la mayor parte se atribuyen a las construcciones (7,7 millones) y las instalaciones técnicas —las piscinas de agua saladas— (dos millones). El segundo elemento que tiene en cuenta el informe del perito es “la capacidad de producir riqueza para sus socios con independencia del coste e inversión que hubieran tenido que realizar”. Tras analizar el flujo de caja y el valor residual de la empresa, se cifra en 5,5 millones de euros la reclamación por este concepto. Y el último apartado que figura en la evaluación aportada al juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra detalla el “daño emergente” como consecuencia de la “brusca finalización de la actividad de la empresa”. Ahí contabiliza las previsibles indemnizaciones por despido a los 60 empleados que trabajan en el hotel y que en 2010 con una antigüedad media sumaban 180.126 euros (a lo que se suman otras cuatro mensualidades por persona) y los gastos de aseosoramiento jurídico que evalúa en 100.000 euros.

El total de todos los conceptos anteriores lleva a los propietarios del Talaso Atlántico a concluir que “ante una hipotética orden de demolición y cese de actividad la indemnización que sería exigible a la Corporación Municipal de Santa María de Oia” sería de 17,4 millones de euros. En esa cuenta “no está calculado el coste de los trabajos de demolición, desescombro ni de reposición de la situación paisajística original porque corresponden a la Administración local condenada a ello”. Los expertos consultados sostienen que derribar la mole construida en la parroquia de Mougás y devolver al solar un aspecto remotamente parecido al que tenía ese paraje antes de que entrasen las excavadoras podría sumar varios cientos de miles de euros a la factura final. Tampoco figuran los 3,8 millones de euros de ayudas de la Xunta que la empresa recibió durante su construcción.

El Ayuntamiento de Oia, condenado ya en 2009 por conceder el permiso para levantar el macrocomplejo turístico amparándose en una normativa urbanística que no había sido aprobada (faltaba el trámite de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia), maneja un presupuesto anual de 1,3 millones de euros. La reclamación de los propietarios del hotel supondría consumir todo el dinero del Ayuntamiento durante los próximos catorce años. El gobierno local alegó en el pleito que no tendría dinero para afrontar la indemnización llegado el caso. Pero la sentencia sostiene que el proceso de deribo debe seguir adelante y que “no cabe hablar sobre futuros hipotéticos”. El fallo sostiene que ni se ha fijado la indemnización ni tampoco ha existido por el momento “una declaración de responsabilidad civil a cargo del Ayuntamiento por la concesión de una licencia finalmente anulada”.